Senado mantiene en suspenso la fecha para la aprobación del Plan B electoral
En un comunicado conjunto, los presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, Óscar Cantón y Enrique Inzunza, revelaron este lunes 23 de marzo de 2026 que aún no se ha establecido una fecha concreta para iniciar el proceso de aprobación del denominado Plan B. La razón principal radica en que se encuentran inmersos en una fase exhaustiva de análisis y en la recepción de diversas observaciones presentadas por gobernadores y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Posible retraso más allá de Semana Santa
Al ser interrogados de manera directa, los legisladores federales admitieron que el tema podría extenderse hasta después del periodo de Semana Santa. No obstante, enfatizaron que, si logran concluir el escrutinio de las propuestas en los próximos días, la aprobación podría materializarse incluso esta misma semana. "Es un trabajo técnico y político", afirmó Inzunza, quien se negó a divulgar públicamente las observaciones del INE, argumentando que primero deben ser revisadas por los miembros de las comisiones.
Observaciones y alianzas en juego
Los senadores detallaron que han recibido comentarios críticos no solo del INE y gobernadores, sino también del Partido del Trabajo, un aliado clave de Morena. Entre las preocupaciones planteadas se incluyen cambios en la fecha de la revocación de mandato y permisos para campañas presidenciales durante procesos electorales. Cantón Zetina expresó confianza en alcanzar la mayoría calificada necesaria, asegurando que las diferencias no fracturarán la alianza con el Partido del Trabajo. "No tenemos ninguna duda", declaró, subrayando que el diálogo continúa para consolidar una reforma electoral consensuada.
La reunión programada con consejeros del INE para este lunes fue cancelada por "problemas de agenda", añadiendo otro elemento de incertidumbre al calendario legislativo. Mientras tanto, el Senado sigue trabajando en un dictamen que balancee las demandas técnicas con los acuerdos políticos, en un contexto donde la transparencia y la eficacia del proceso son escrutadas de cerca por la opinión pública.
