Sheinbaum impulsa plan B para eliminar privilegios en el sistema electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Senado un conjunto de reformas constitucionales y legales, conocido como plan B electoral, que busca imponer una austeridad radical en las instituciones electorales y los partidos políticos. La iniciativa, presentada en conferencia de prensa, incluye la prohibición de seguros médicos, de vida y pensiones privadas para consejeros, magistrados y empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) y órganos locales.
Límites salariales y transparencia en los partidos
Según Sheinbaum, ningún funcionario electoral podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo federal, y se eliminarán seguros de separación laboral, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro financiados con recursos públicos. Además, los líderes de partidos políticos, como presidentes y secretarios generales, no podrán recibir bonos o seguros médicos y sus salarios estarán topados al de la presidenta.
"Ya no se pudo bajar el presupuesto de los partidos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparenten todos los recursos", explicó Sheinbaum, destacando que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) agilizará la revisión de gastos partidistas para detectar posibles irregularidades.
Reformas en gastos locales y procesos electorales
El plan B también establece topes al gasto de los Congresos locales, limitándolo a un máximo del 0.7% del presupuesto estatal, y reduce el número de regidores en ayuntamientos a no más de 15. En cuanto a procesos electorales, se permitirá que personas sujetas a revocación de mandato promuevan el voto, y el conteo de votos iniciará desde la recepción del primer paquete el día de la jornada.
Sheinbaum señaló que, en el futuro, podría impulsar una reforma integral que incluya la reducción de financiamiento a partidos y la eliminación de legisladores plurinominales. "En el tema de los plurinominales hay que seguir insistiendo; ya no se pudo esa reforma constitucional, pero no por eso uno debe dejar de decirlo", reiteró.
Los detalles técnicos fueron presentados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el exministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, quienes enfatizaron el objetivo de fiscalización más estricta y eficiencia en el uso de recursos públicos.
