Una acusación presentada en Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa y testimonios de presuntos operadores del Cártel de Sinaloa describen una red de protección que habría permitido al grupo criminal operar en ese estado durante varios años. De acuerdo con información difundida tras una acusación formal presentada en el Distrito Sur de Nueva York, fiscales estadounidenses señalan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntamente mantener una alianza con integrantes del grupo criminal a cambio de sobornos y apoyo político.
Detalles de la investigación
La investigación sostiene que la facción conocida como Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín Guzmán Loera, habría participado en actividades relacionadas con la elección para la gubernatura de Sinaloa en 2021. Entre los señalamientos se incluyen presuntos actos de intimidación, robo de votos y secuestro de candidatos opositores. Según los fiscales estadounidenses, el acuerdo habría permitido que integrantes del cártel operaran con apoyo de funcionarios colocados en estructuras estatales y municipales.
Reacción de Rubén Rocha Moya
El gobernador de Sinaloa rechazó los señalamientos contenidos en la acusación estadounidense y afirmó que las acusaciones son falsas. Rocha Moya también señaló que los cargos representan un intento de intervención política por parte del gobierno estadounidense. El mandatario estatal se separó temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó previamente que su gobierno no procederá con una detención mientras no existan pruebas suficientes presentadas ante autoridades mexicanas. También indicó que la Fiscalía General de la República realizará las investigaciones correspondientes.
Testimonios describen colaboración de policías y militares
De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, se retoman declaraciones de cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes hablaron bajo condición de anonimato y aseguraron que existía colaboración de cuerpos policiales y algunos integrantes de fuerzas de seguridad. Según esos testimonios, autoridades locales presuntamente:
- Alertaban sobre operativos militares
- Facilitaban movimientos del grupo criminal
- Realizaban detenciones selectivas
- Compartían información sobre rivales
- Permitían el paso de armas y drogas en retenes
Uno de los entrevistados afirmó que policías estatales habrían intervenido para facilitar la fuga de un integrante del cártel durante un enfrentamiento con fuerzas armadas. Otro testimonio indicó que algunos integrantes utilizaban palabras clave para identificarse ante retenes militares y continuar su trayecto sin ser detenidos. Las declaraciones también describen presuntos pagos a funcionarios y mandos de seguridad mediante entregas de dinero en efectivo.
Antecedentes de corrupción vinculados al narcotráfico
La investigación también retoma antecedentes judiciales relacionados con corrupción y narcotráfico en México. Entre los casos mencionados aparecen:
- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado en EE. UU. por narcotráfico
- Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, sentenciado por colaborar con un cártel
- Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, condenado por lavado de dinero
Además, se menciona el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, donde investigaciones periodísticas y judiciales documentaron presuntos vínculos entre policías locales y grupos criminales.
Guerra interna del Cártel de Sinaloa
Los testimonios recopilados también señalan que la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos habría debilitado parte de la estructura de protección que mantenía el grupo criminal. De acuerdo con las versiones citadas, la presión de autoridades mexicanas y estadounidenses, así como los enfrentamientos internos, modificaron las condiciones de operación dentro de Sinaloa. Especialistas citados en la investigación señalaron que la corrupción institucional representa uno de los principales factores que permiten la operación de grupos criminales en distintas regiones del país.
