La organización política nacional Libres y los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) han solicitado formalmente al Senado que declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, debido al presunto involucramiento del crimen organizado en los tres poderes estatales. La petición busca restaurar el orden constitucional ante lo que consideran una captura política de las instituciones.
Solicitud de Libres
Libres presentó un documento ante el Senado argumentando que el Ejecutivo, el Congreso local y amplios sectores del aparato de justicia operan bajo condiciones de cooptación, subordinación o tolerancia frente al crimen organizado. La organización sostiene que el triunfo electoral del gobernador Rubén Rocha Moya, así como el de los diputados estatales, fue producto de un acuerdo directo con el Cártel de Sinaloa, detallando hechos ocurridos durante la jornada electoral.
Además, señalan que el hoy senador Enrique Inzunza presidió el Poder Judicial de Sinaloa durante 11 años y ahora ha sido acusado por autoridades de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su hermana, quien fungía como magistrada electoral, validó la elección de Rocha Moya y desestimó todas las pruebas que indicaban un proceso electoral pactado con el crimen organizado.
La petición fue entregada por Liliana Nayelli Gallardo Limón, consejera jurídica y representante del Comité Ejecutivo Nacional de Libres Agrupación Política Nacional.
Postura del PAN
Los senadores y diputados del PAN subrayaron que la desaparición de poderes no prejuzga sobre la responsabilidad penal de las personas imputadas, sino que responde a la necesidad de restituir el orden constitucional cuando las instituciones locales han perdido legitimidad, eficacia y capacidad real para garantizar la vigencia del derecho.
En un comunicado, los panistas destacaron que permitir que el gobierno de Sinaloa continúe conduciendo la seguridad pública, la coordinación policial, la procuración de justicia local y la relación institucional con autoridades federales, mientras pesan acusaciones formales de colaboración con el Cártel de Sinaloa, implicaría normalizar una situación incompatible con el Estado constitucional de derecho. Afirmaron que ninguna entidad federativa puede vivir bajo la sospecha fundada de que su gobierno fue impuesto, condicionado o capturado por el crimen organizado.
Debate en la Comisión Permanente
Por segunda semana consecutiva, el pleno de la Comisión Permanente del Senado repitió el debate en torno al gobernador Rubén Rocha, acusado por Estados Unidos de actividades de narcotráfico, y de la gobernadora María Eugenia Campos, señalada por Morena de traición a la patria por la presencia de agentes de la CIA. Los argumentos de los morenistas incluyeron referencias históricas, como la del diputado Gabriel García, quien comparó a la oposición con figuras como Antonio López de Santa Anna, Juan Nepomuceno Almonte y Miguel Miramón, acusándolos de actuar de manera similar a estos personajes históricos.
El debate evidenció la profunda división entre Morena y la oposición, sin que se presentaran nuevos argumentos sustanciales. La solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa queda ahora en manos del Senado, que deberá determinar si procede o no.
