Senado aprueba polémica ley de infraestructura con críticas sobre uso de Afores
Con una votación de 84 votos a favor y 28 en contra, el Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, junto con reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La iniciativa busca atraer capital privado bajo reglas claras, transparencia y certidumbre jurídica, manteniendo la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos.
Advertencias sobre riesgos para el ahorro de trabajadores
La senadora del PRI, Claudia Anaya, alertó de manera contundente que esta ley faculta utilizar las Afores de los trabajadores para invertirlos en obras de infraestructura sin la autorización de los ahorradores. "Van a utilizar los dineros de los ahorradores de México para proyectos de obra", acusó durante el debate parlamentario.
Anaya argumentó que la falta de inversión en el país se debe principalmente a la incertidumbre y desconfianza de los grandes capitales hacia México, situación que atribuyó a la reforma judicial impulsada por el gobierno morenista. "Si no hay inversión productiva aquí en este país es por la reforma jurídica del Poder Judicial que ustedes hicieron", señaló directamente a los legisladores de Morena.
Preocupaciones sobre finanzas públicas y transparencia
El senador del PRI, Rolando Zapata Bello, cuestionó el diagnóstico que sustenta la ley, señalando que el problema real es la caída de la inversión pública, no la falta de participación del sector privado. Entre 2018 y 2026, el gasto corriente creció más del 90%, mientras que la inversión en obra pública se redujo significativamente.
Zapata Bello advirtió sobre varios riesgos específicos:
- Los esquemas de inversión mixta podrían ocultar obligaciones financieras al registrarse como pasivos contingentes
- Se trasladarían costos a futuras administraciones
- Se centralizan decisiones en el Ejecutivo
- Se crea un Consejo sin contrapesos efectivos integrado únicamente por servidores públicos
- Existe riesgo para el ahorro de los trabajadores
Defensa de la iniciativa por parte de Morena
Senadores de Morena defendieron la ley, reconociendo que responde a la necesidad de revertir la caída de la inversión pública, que registró una contracción real del 28.4% el año pasado, la más severa en tres décadas. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que el dictamen parte de un diagnóstico realista sobre deficiencias en proyectos anteriores.
Huerta Ladrón de Guevara explicó que la nueva legislación establece:
- Reglas claras y filtros técnicos para ordenar los esquemas de inversión
- Controles fiscales estrictos
- Figuras jurídicas que permiten canalizar recursos y aislar riesgos
- Mejoras en las condiciones de financiamiento sin generar deuda pública automática
Mecanismos de control y sectores prioritarios
La ley prevé la creación de un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión e Infraestructura y una base de datos nacional para dar seguimiento y evaluar proyectos. Entre los mecanismos de control se incluyen:
- Evaluaciones previas obligatorias
- Auditorías posteriores a la ejecución
- Análisis de costo-beneficio detallados
- Informes trimestrales de seguimiento
- Reglas estrictas de transparencia en todos los procesos
Los sectores prioritarios para inversión incluyen el hídrico, que enfrenta importantes retos financieros especialmente en zonas de alta marginación, así como proyectos en comunicaciones, transportes, energía y desarrollo urbano. La propiedad de la infraestructura permanecerá en manos del Estado, mientras los privados participarán como socios o contratistas con obligaciones medibles.
Críticas adicionales de la oposición
El senador del PAN, Raymundo Bolaños, advirtió que la minuta podría derivar en mayor endeudamiento y presión sobre las finanzas públicas, en un contexto de bajo crecimiento económico y aumento de la deuda. Señaló que en 2025 la economía creció apenas 1.7% y que la inversión pública se ubicó en su nivel más bajo desde 2007.
Bolaños también criticó que la ley permita excepciones a los procesos de licitación, lo que podría incrementar las adjudicaciones directas y reducir la competencia en la asignación de proyectos de infraestructura.
La ley fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación, mientras persisten las divisiones entre quienes la consideran necesaria para reactivar la inversión y quienes la ven como una amenaza para las finanzas públicas y el ahorro de los trabajadores mexicanos.
