Inversión en infraestructura de Sheinbaum: ¿Quiénes son los ganadores según expertos?
La iniciativa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para impulsar la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar marca un nuevo escenario en la relación del Estado con la Iniciativa Privada y el sector social. Esta reforma, que ya avanza en comisiones legislativas, tiene implicaciones directas en la generación de empleo, el dinamismo económico y la distribución de beneficios de la obra pública en el país.
Gobierno como detonador económico, no generador directo de empleo
Para el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Harold Dutton Treviño, la propuesta parte de un elemento central: el papel del Gobierno como detonador económico a través de la infraestructura, más que como generador directo de empleo. Dutton considera positivo retomar un esquema que active proyectos y atraiga inversión, en contraste con el estancamiento del sexenio pasado, aunque advierte que el alcance real dependerá de su implementación.
"El Gobierno juega un papel fundamental en el impulso económico y generación de empleos, principalmente a través de obras de infraestructura", señaló el académico. Sin embargo, destacó que este tipo de iniciativas suelen beneficiar, en primera instancia, a las grandes empresas con capacidad instalada para proyectos de gran escala, como el Grupo ICA, lo que podría reproducir esquemas previos si no se ajustan los mecanismos de operación.
Riesgo de concentración y necesidad de inclusión
Dutton Treviño explicó que existe el riesgo de que la ley beneficie al mismo grupo de personas morales que históricamente se ha favorecido. "Es muy probable que esta ley vaya a estar beneficiando al mismo grupo de personas, si no lo queremos personalizar tanto, al mismo grupo de personas morales que se ha venido beneficiando desde que yo tengo memoria", afirmó. No obstante, también señaló que la iniciativa abre la posibilidad de incorporar criterios de inclusión en las reglas secundarias, permitiendo la participación de nuevas empresas o sectores tradicionalmente excluidos.
Reconocimiento de límites del Estado y apertura a inversión privada
Por su parte, el abogado constitucionalista de la Universidad Panamericana, Nicolás García de León Castro, consideró que la iniciativa representa un punto intermedio entre modelos económicos recientes, reconociendo los límites del Estado para financiar y ejecutar proyectos estratégicos por sí solo. "Esta ley es un punto medio donde el gobierno de Sheinbaum reconoce que el Estado no es omnipotente, no le alcanza el dinero para sacar adelante todos los recursos, y por ello es necesario sumar a la Iniciativa Privada", refirió.
García de León destacó que los principales beneficiarios se ubican en sectores clave para el desarrollo económico y la transición energética, como Pemex y empresas de energías renovables, así como en la construcción e infraestructura, que requerirán la participación de empresas especializadas. Además, subrayó la importancia de analizar cómo se plantean los beneficios sociales, como la generación de empleos o la construcción de caminos para comunidades aisladas.
Avances legislativos y puntos clave de la reforma
La Ley de Inversión en Infraestructura, presentada ante la Cámara de Diputados, ya avanza en las comisiones de Infraestructura y de Hacienda y Crédito Público. En votaciones recientes, se emitieron 49 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, mostrando un respaldo significativo. La iniciativa busca transformar el modelo de inversión en México, estableciendo un marco jurídico para la colaboración entre los sectores público, privado y social.
Entre los puntos clave de la reforma se incluyen:
- Esquemas de Inversión Mixta: Creación de mecanismos donde el Estado mantiene la rectoría pero permite participación privada en sectores como energía, transporte, salud y agua, con una inversión proyectada de 5.6 billones de pesos para 2030 (54% capital público, 46% privado).
- Autonomía financiera para Pemex: Desvinculación de la inversión de Pemex de las metas de equilibrio presupuestario del Gobierno federal, permitiéndole ejecutar proyectos sin limitaciones fiscales.
- Nuevas figuras de gobernanza: Introducción de Vehículos de Propósito Específico y creación del Consejo de Planeación Estratégica, aunque existe el riesgo de que este consejo privilegie obras prioritarias del oficialismo.
- Flexibilidad y blindaje presupuestario: Posibilidad de iniciar contrataciones estratégicas antes de contar con la suficiencia presupuestaria definitiva y blindaje para proyectos contra recortes fiscales.
- Seguridad jurídica: Regulación de contratos de inversión estratégica con duración de 4 a 40 años, otorgando certidumbre a los inversionistas.
Conclusión: Impacto dependiente de implementación
Ambos especialistas coincidieron en que, más allá del diseño de la ley, el impacto real dependerá de las reglas de operación, los mecanismos de selección de proyectos y los controles establecidos para evitar la concentración de beneficios. En un contexto donde la infraestructura vuelve a colocarse como eje del desarrollo económico, la vigilancia desde la academia, organismos civiles y medios de comunicación será crucial para asegurar que los beneficios lleguen a toda la población.
