Senadores opositores rechazan ley de infraestructura por considerar diagnóstico equivocado
Por mayoría, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron un proyecto de decreto trascendental: la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Esta iniciativa legislativa busca específicamente facilitar y canalizar la inversión hacia proyectos considerados prioritarios para el desarrollo nacional.
Críticas desde la oposición: diagnóstico erróneo y falta de confianza
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversia. Senadores de los partidos de oposición votaron en contra del dictamen, argumentando de manera contundente que la reforma parte de un diagnóstico completamente equivocado sobre los problemas económicos del país. Los legisladores opositores sostienen que el freno principal a la economía mexicana no es la falta de inversión, sino factores estructurales como la ausencia de certeza jurídica, un clima generalizado de desconfianza y un patrón de gasto público desordenado que, según ellos, se ha acentuado desde 2018.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rolando Zapata Bello, fue uno de los críticos más vocales. Zapata Bello aseguró que, lejos de solucionar problemas, esta nueva ley generará mayor opacidad en el manejo del gasto público. El legislador señaló con preocupación que existe una tendencia a ocultar y desviar la deuda pública hacia gasto corriente, en lugar de destinarla de manera efectiva a infraestructura y proyectos de inversión productiva.
"México necesita inversión, sí. México necesita infraestructura, también, y qué bueno que el gobierno por fin lo reconozca. Pero lo que más necesita nuestro país es confianza. Y la confianza no se decreta, la confianza se construye con reglas claras, con transparencia y con Estado de derecho. Y eso es justamente lo que esta ley debilita", estableció el senador priista de manera enfática durante la discusión.
Desde las filas del Partido Acción Nacional (PAN), el senador Raymundo Bolaños se sumó a las críticas, coincidiendo en que el gobierno federal actual utiliza los recursos disponibles predominantemente para gasto corriente, descuidando los proyectos de inversión de largo plazo que, en su opinión, son los únicos capaces de reactivar y sostener el crecimiento económico del país.
Defensa desde Morena: un andamiaje jurídico moderno y con controles
Al sustentar el dictamen aprobado, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presentó los argumentos a favor de la reforma. Huerta aseguró que esta iniciativa dota al Estado mexicano de un andamiaje jurídico moderno, integral y estratégico, diseñado específicamente para detonar proyectos de infraestructura con un claro sentido social, sin ceder en ningún momento la rectoría pública, la soberanía nacional, los principios de transparencia o la disciplina hacendaria.
El legislador veracruzano puntualizó que la ley facilitará la inversión y establecerá "reglas claras, controles institucionales y mecanismos de participación mixta" que permitirán movilizar capital público y privado hacia proyectos prioritarios. Este proceso, según explicó, se realizará garantizando certeza jurídica, evaluación previa exhaustiva, rendición de cuentas y una estricta protección de las finanzas públicas.
Huerta Ladrón de Guevara fue muy claro al precisar que la lógica de la ley no es abrir la puerta a cualquier inversión indiscriminadamente, sino hacerlo mediante lo que denominó un "régimen de triple control":
- Evaluación previa rigurosa de cada proyecto.
- Seguimiento continuo durante la fase de ejecución.
- Auditoría posterior a la conclusión de las obras.
Aspectos novedosos y dimensiones incorporadas
El senador de Morena destacó varios aspectos innovadores de la reforma. Uno de los más significativos es la incorporación explícita del sector social —que incluye cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores— como actores potenciales dentro de la cadena de valor de la infraestructura, promoviendo una participación más amplia y diversa.
No obstante, aclaró de manera categórica que la figura de la licitación pública "seguirá siendo la regla general" y que cualquier excepción a este principio será tasada y aplicada en estricta congruencia con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la misma manera, el proyecto de ley incorpora de manera formal una dimensión de sostenibilidad ambiental como criterio fundamental de elegibilidad para cualquier proyecto. Esto significa que cada iniciativa deberá incluir obligatoriamente:
- Un análisis detallado de impacto ambiental.
- Compromisos para la preservación del equilibrio ecológico.
- Medidas específicas de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático.
El dictamen, remarcó el senador Huerta, plantea la infraestructura no sólo como una palanca tradicional de crecimiento económico, sino también como una política pública de resiliencia territorial y energética, preparando al país para los desafíos futuros.
En términos políticos y económicos, la apuesta de fondo de esta ley es ambiciosa: movilizar el ahorro institucional, atraer inversión privada y canalizar financiamiento público hacia infraestructura estratégica, todo ello sin perder el control estatal sobre los procesos y los resultados finales, concluyó el senador Manuel Huerta durante su intervención.
