Veneno en el mar: el derrame petrolero oculto que arrasa 630 kilómetros de costas mexicanas
Según una investigación de Greenpeace México y organizaciones aliadas, el derrame de petróleo que actualmente afecta el Golfo de México no comenzó en marzo de 2026, como afirmaron las autoridades, sino desde principios de febrero, vinculado a un oleoducto de Pemex. La magnitud del vertido y la respuesta oficial plantean graves cuestionamientos sobre transparencia y responsabilidad ambiental.
La cronología oculta del desastre
La evidencia recopilada indica que desde el 6 de febrero de 2026 se observaron manchas de hidrocarburos en aguas frente a Campeche, precisamente sobre un punto del ducto OLD AK C, de 36 pulgadas de diámetro, operado por Pemex. Al día siguiente, el buque especializado Árbol Grande, de Constructora Subacuática Diavaz, llegó al sitio para labores de reparación, permaneciendo allí durante ocho días.
Imágenes satelitales muestran que, para el 19 de febrero, la mancha de petróleo alcanzaba casi 300 km². Además, se registraron embarcaciones de apoyo realizando maniobras de dispersión con cañones de agua. Sin embargo, no se emitió ninguna alerta pública inmediata, lo que permitió que el hidrocarburo avanzara silenciosamente hacia las costas.
El arribo a las costas y la versión oficial falsa
A inicios de marzo, el crudo derramado comenzó a llegar de manera sostenida a las playas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Para el 21 de marzo, ya se documentaban 630 kilómetros de litoral afectados, impactando prácticamente todo el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, con 51 sitios reportados con chapopote, daños a manglares, fauna y medios de vida comunitarios.
En contraste, en una conferencia de prensa del 26 de marzo, las autoridades ubicaron el inicio de la contingencia en reportes costeros del 2 de marzo, atribuyendo el contaminante a un buque no identificado y a chapopoteras naturales. Esta narrativa, según Greenpeace, es una falsedad oficial diseñada para ocultar el origen real y diluir responsabilidades.
Violación al plan de contingencia y consecuencias del ocultamiento
El ocultamiento sistemático viola el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos, que obliga a avisar de inmediato, identificar la fuente y coordinar una respuesta institucional. Al no alertar a las comunidades costeras, se impidió su preparación temprana, se retrasó la presión pública para contener el derrame y se dejó a poblaciones pesqueras expuestas a riesgos sanitarios y económicos sin información adecuada.
Las organizaciones firmantes exigen respuestas claras a las autoridades involucradas, incluyendo la Secretaría de Marina, Pemex, ASEA, Semarnat, Sener y Profepa. Las demandas clave incluyen:
- Revelar desde cuándo conocían el vertido y qué acciones tomaron desde febrero.
- Identificar al responsable y aplicar el principio de quien contamina paga.
- Presentar documentos generados conforme al plan de contingencia.
- Detallar medidas de contención, restauración, monitoreo e indemnización.
- Compartir estudios de impacto ambiental realizados.
- Informar si se han iniciado denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Un llamado a la verdad y la reparación
Lo que está en juego trasciende el esclarecimiento de un derrame; involucra la protección de ecosistemas vulnerables y los proyectos de vida de comunidades pesqueras. Greenpeace y las organizaciones aliadas reclaman transparencia, remediación y reparación integral, rechazando versiones falsas que buscan evadir responsabilidades. La población del Golfo de México tiene derecho a la verdad y a ser protegida ante desastres ambientales de esta magnitud.
