Pobladores de Puebla exigen ser consultados sobre instalación de recicladora en San José Chiapa
Comunidades de la Cuenca Libres-Oriental en Puebla han elevado una petición formal a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo ser consultadas e informadas adecuadamente sobre la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla, un parque de reciclaje autorizado recientemente en el municipio de San José Chiapa.
Promesas gubernamentales versus realidad comunitaria
Aunque en la conferencia mañanera del 22 de enero, la presidenta Sheinbaum aseguró que se consultaría a los pobladores antes de decidir la ubicación del centro de reciclaje, y aunque el gobernador Alejandro Armenta Mier sostiene que existe una mayoría a favor del proyecto, los habitantes de siete municipios afectados afirman lo contrario.
"Hasta ahora nadie nos ha informado, ni nos tomó en cuenta para tomar esta decisión", denuncian pobladores de San José Chiapa, Nopalucan, Grajales, Mazapiltepec, Soltepec, Ocotepec y Tepeyahualco, quienes han realizado reuniones públicas para manifestar su oposición.
Preocupaciones ambientales e históricas
En su escrito dirigido a la presidenta, los habitantes señalan que la Cuenca Libres-Oriental ya está catalogada como "un infierno ambiental" debido a la presencia de numerosas empresas extranjeras como Granjas Carroll, Audi, Iberdrola, Driscoll's y Heineken.
Además, recuerdan que este mismo proyecto fue rechazado en el estado de Hidalgo por considerarse un peligro para la salud pública, y expresan temor de que la recicladora sea "el caballo de Troya" para instalar más empresas en la región.
Los pobladores hacen referencia al relleno sanitario existente en San José Chiapa, del cual dijeron que sería "bonito y limpio" cuando se inauguró, pero que ahora representa un problema ambiental grave, incluyendo un reciente incendio que generó riesgos sanitarios para habitantes de Puebla y Tlaxcala.
Demandas específicas de las comunidades
Entre las exigencias concretas que plantean los habitantes se encuentran:
- Realización de consultas previas, libres e informadas a todos los pueblos de la zona afectada
- Acceso completo a los estudios de impacto ambiental del proyecto
- Clausura definitiva del actual tiradero de San José Chiapa por los daños ambientales y sanitarios comprobados
- Respeto a la vocación agrícola de la Cuenca Libres-Oriental en lugar de la instalación del parque de reciclaje
También piden a la presidenta que "venga a caminar por los ejidos" y converse directamente con los campesinos, no solo en mítines preparados con presencia militar y policial.
Respuesta gubernamental y tensión creciente
Este lunes 9 de marzo, los inconformes solicitaron formalmente al alcalde de San José Chiapa, Alejandro Hernández, que convoque un cabildo abierto para informar sobre el proyecto y consultar a la población, siguiendo el ejemplo de lo realizado en Hidalgo.
Frente a estas protestas, el gobernador Armenta respondió pidiendo a los manifestantes -a quienes calificó como "unos cuantos"- que "permitan" llevar la basura a sus comunidades y presenten alternativas viables para resolver el problema de residuos.
"No hay argumento para oponerse, porque es la ciencia, es la razón", declaró el mandatario estatal, recordando que la presidenta Sheinbaum, como científica ambientalista, ya explicó cómo se transformarán los desechos y que los residuos no reutilizables serán incinerados en hornos no contaminantes.
Armenta advirtió además que "oponerse por oponerse" constituye obstrucción a la autoridad y es un delito, marcando una línea dura frente a las demandas comunitarias.
Contexto legal y ambiental
El decreto que establece el Polo de Desarrollo del Bienestar fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo, otorgando formalmente la autorización para el proyecto. Sin embargo, los pobladores insisten en que este proceso se realizó sin su participación ni conocimiento adecuado.
La situación refleja una tensión creciente entre el discurso oficial de desarrollo económico y las preocupaciones legítimas de las comunidades sobre su salud, medio ambiente y derecho a la consulta, particularmente en una región ya sobrecargada de actividad industrial.
