Orden judicial exige salvaguardas ecológicas en la construcción del Tren Maya
En un fallo significativo, un tribunal colegiado ha emitido una orden directa al gobierno federal para que adopte todas las medidas indispensables con el fin de proteger el medio ambiente durante las obras del Tramo 5 del Tren Maya. Esta decisión judicial surge como respuesta a una suspensión definitiva otorgada a la organización de la sociedad civil Sélvame del Tren, la cual interpuso un amparo contra este megaproyecto emblemático del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalles de la resolución judicial
Según informó la organización a través de un comunicado, los magistrados del Colegiado han establecido que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y su Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas deben ejecutar acciones concretas para conservar y proteger el entorno natural en la zona de construcción. Es importante destacar que esta suspensión no detiene las obras, pero impone la obligación de realizar:
- Inspecciones regulares y exhaustivas.
- Verificaciones de cumplimiento normativo.
- Otros actos administrativos que la Profepa tenga facultad para llevar a cabo conforme a la ley.
El Tramo 5, que atraviesa el estado de Quintana Roo, ha sido objeto de numerosas denuncias por posibles impactos ambientales, lo que motivó esta acción legal. La organización Sélvame del Tren ha calificado este logro como "un importante paso hacia la protección de nuestros recursos naturales", asegurando que se garantizarán acciones de verificación, inspección, conservación y protección ante las denuncias públicas pertinentes.
Contexto y reacciones
Este fallo se enmarca en un contexto de creciente preocupación por los efectos ambientales del Tren Maya, un proyecto de infraestructura que ha generado debates intensos sobre su sostenibilidad. Anteriormente, se han reportado incidentes como pilotes que se deshacen al tacto en ríos de la Riviera Maya, lo que ha elevado las alarmas sobre riesgos de colapso y daños ecológicos. Además, informes recientes documentan un aumento de la violencia en la península de Yucatán vinculado a la militarización y despojo asociados al proyecto.
La resolución judicial representa un hito en la lucha por la transparencia y la responsabilidad ambiental en megaproyectos gubernamentales, aunque queda por verse cómo se implementarán estas medidas en la práctica. Organizaciones civiles y expertos en medio ambiente seguirán de cerca el cumplimiento de esta orden, que podría sentar un precedente para futuros casos similares en México.
