Vinculan a proceso a talamontes detenidos en el Nevado de Toluca con prisión preventiva
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) consiguieron la vinculación a proceso de tres individuos acusados de cometer graves delitos ambientales en la Sierra del Nevado de Toluca, una zona catalogada como crítica forestal. Una jueza dictaminó esta medida y decretó la prisión preventiva justificada para los imputados, quienes permanecen recluidos en el penal de Santiaguito, Estado de México.
Captura y evidencias en Zinacantepec
Los hechos que desencadenaron este proceso se remontan al 29 de enero de 2026, cuando elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad de la Policía Estatal solicitaron el apoyo de la Profepa. Las autoridades localizaron a tres personas en una zona boscosa del municipio de Zinacantepec, quienes se encontraban en posesión de madera en rollo dentro de una camioneta cerrada, además de un hacha y una motosierra. La Profepa destacó que esta región enfrenta un problema grave de tala ilegal y extracción no autorizada de tierra negra, actividades que devastan los recursos forestales.
Desarrollo del proceso judicial
El 31 de enero se llevó a cabo la primera audiencia, donde se estableció la legalidad de la captura, se formuló la imputación y se determinaron medidas cautelares, ampliándose el plazo para la vinculación a proceso. Posteriormente, el 5 de febrero, en una segunda audiencia, la FGR logró que se dictara el auto de vinculación a proceso contra los tres imputados, ratificándose además la prisión preventiva justificada.
Durante este proceso, la defensa presentó un peritaje de tránsito terrestre, el cual fue desestimado por la autoridad judicial debido a que el perito carecía de conocimientos en ingeniería forestal. Asimismo, los argumentos relacionados con el vehículo automotor no fueron aceptados al no asistirle la razón a los imputados.
Cierre de investigación y reparación de daños
La jueza estableció un mes adicional para concluir la investigación complementaria, determinándose que el caso se cerrará mediante mecanismos alternativos de solución de controversias. La Profepa acudirá a la Oficina Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR para realizar los trabajos correspondientes al cierre de la investigación y establecer la reparación del daño ambiental.
Este resultado es producto de la coordinación en la mesa de trabajo "Tala Clandestina", que sesiona semanalmente en la Profepa con la participación de autoridades federales y estatales, con el objetivo de fortalecer las acciones contra los delitos que afectan los recursos forestales.
Sanciones por delitos ambientales
En el Código Penal Federal, el artículo 418 establece que quienes desmonten, destruyan la vegetación forestal, corten, arranquen, derriben o talen árboles, o cambien el uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, enfrentarán una pena de seis meses a nueve años de prisión. Además, se impone una multa de 100 a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, lo que equivale a entre 11,700 y 352,000 pesos.
La pena puede aumentar hasta en cuatro años más y la multa hasta en cinco mil veces si se afecta un área natural protegida, se emplean armas de fuego o medios violentos, o se busca un lucro económico. En estos casos, la sanción puede alcanzar de tres a doce años de prisión y multas de 500 a cinco mil UMA.
