Durante el año 2025, ingresaron a México al menos 15 mil 172 niños y adolescentes migrantes, de los cuales 970 viajaban sin acompañante, según datos de la Unidad Política Migratoria (UPM) del gobierno federal. Estados Unidos se mantiene como el destino principal de estos menores, quienes abandonan su país de origen por decisión de sus padres o familiares, con la esperanza de hallar mejores oportunidades de vida.
Riesgos durante el tránsito
En su desplazamiento, los pequeños migrantes enfrentan discriminación, exclusión, explotación, trata y violencia sexual. Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump han incrementado los riesgos, como detenciones arbitrarias, la inaplicabilidad de protocolos internacionales para la protección de menores y la denegación del derecho de asilo, dejando sus derechos humanos desprotegidos.
Informe de Redim
Ante esta situación, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó el “Informe comparativo sobre los sistemas nacionales de protección para infantes y adolescentes en contextos de movilidad humana en México, Guatemala, Honduras y El Salvador”. Mediante el proyecto regional REDES, se resalta la importancia de construir mecanismos que prevengan, acompañen y protejan a los menores.
Entre los hallazgos positivos, se confirmó que desde 1990 los cuatro países están alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), lo que ha propiciado el desarrollo de políticas y protocolos enfocados en infancias y adolescencias en contextos de movilidad.
Instituciones en México
México cuenta con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (PRONAPINNA) y la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración. Sin embargo, la existencia de normativas no basta; se requieren instituciones que las ejecuten. La máxima autoridad es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. También operan el Sistema de Coordinación Interinstitucional, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Debilidad institucional
A pesar de estas instancias, la participación de niños y adolescentes es limitada y esporádica. El informe de Redim identificó que no se puede confirmar si los ejercicios de monitoreo realmente supervisan, ni si se considera la opinión del menor al establecer medidas de protección. Además, falta evaluación del cumplimiento de los planes de restitución de derechos y el financiamiento se enfoca en aspectos operativos, no en programas de protección.
En cuanto a los registros, la recopilación de datos se centra en gestión fronteriza y seguridad nacional, sin incluir información sobre la situación familiar o necesidades de salud, lo que genera una brecha en la creación de políticas públicas.
Recomendaciones
El proyecto REDES y Redim proponen varias recomendaciones para México:
- Reforzar el liderazgo de Sipinna.
- Fortalecer la coordinación con países de origen.
- Garantizar estabilidad institucional.
- Reforzar mecanismos de identificación de perfiles de infantes y adolescentes en movilidad.
- Convocar la reunión del Sipinna Nacional este año.
- Asignar presupuestos específicos para cumplir la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Asegurar seguimiento integral y coordinado a los planes de restitución de derechos a mediano y largo plazo.
- Promover la generación de datos desagregados y la interoperabilidad de los sistemas de información.
