Fiscalía logra condena histórica por delitos migratorios en Sonora
La Fiscalía General de la República (FGR) ha conseguido un importante fallo judicial en el estado de Sonora, donde tres personas fueron sentenciadas por los delitos de cohecho y albergue de migrantes. El procedimiento fue llevado a cabo por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) mediante un proceso abreviado, demostrando la eficacia de las autoridades federales en la persecución de estos crímenes.
Detalles del operativo y la investigación
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia Hombres Blancos en Sonoyta, Sonora. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a los implicados identificados como Gildardo “B”, Daniel “V” y José “G”.
Los acusados fueron sorprendidos albergando a un total de 36 migrantes originarios de diversos países, incluyendo:
- La India
- Ecuador
- Nepal
- Pakistán
La finalidad de esta operación ilegal era evadir a las autoridades migratorias y obtener un lucro indebido a costa de la situación vulnerable de los migrantes.
Sentencia y sanciones impuestas
Tras realizar diversas diligencias y aportar las pruebas necesarias, el Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora logró que el juez dictara una sentencia condenatoria. Las penas impuestas incluyen:
- 10 años y seis meses de prisión para cada uno de los tres condenados
- Una multa económica de cinco mil días de multa
Esta multa equivale a 586 mil 550 pesos mexicanos, calculada con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario establecido por el INEGI. La sentencia representa un mensaje contundente contra las redes de tráfico y explotación de migrantes en la región fronteriza.
Contexto y relevancia del caso
Este fallo judicial se produce en un momento donde las rutas migratorias en el norte de México están bajo especial vigilancia. La capacidad de la FGR para obtener condenas en casos de cohecho y albergue ilegal de migrantes marca un precedente importante en la lucha contra la delincuencia organizada que se aprovecha de la movilidad humana.
La sentencia no solo castiga a los responsables, sino que también envía una señal disuasoria a otros posibles infractores que busquen obtener beneficios económicos mediante la explotación de personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
