Fallo judicial protege libertad de tránsito en México
En una decisión histórica, un tribunal federal declaró inconstitucional que las empresas de autobuses de pasajeros soliciten documentos migratorios o de nacionalidad para la compra de boletos o el abordaje de transporte dentro del territorio mexicano. La resolución responde a un recurso de amparo presentado por una institución de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración, marcando un precedente significativo en la protección de derechos fundamentales.
Una práctica ilegal con raíces profundas
Durante varios años, las líneas de autobuses habían aceptado la exigencia del Gobierno federal de fiscalizar a sus pasajeros, una medida que a su vez respondía a presiones de Estados Unidos para obstaculizar la llegada de migrantes a la frontera norte. Siempre fue evidente que estas acciones violentaban la libertad de tránsito garantizada constitucionalmente y otorgaban facultades indebidas a empresas privadas para realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades.
El fallo judicial representa un avance crucial contra lo que muchos han denominado la versión mexicana del "racial profiling" estadounidense, una práctica discriminatoria que se basa en estereotipos étnicos. "¡Identifícate, porque no pareces mexicano!" se ha convertido en una frase común que refleja la arbitrariedad de estas exigencias, como si un empleado de camionera pudiera determinar visualmente la nacionalidad de una persona.
La resistencia discreta y los retenes gubernamentales
Aunque las empresas de transporte se resistieron inicialmente a estas imposiciones, lo hicieron "a la mexicana": haciendo discretamente la vista gorda. Como respuesta, el gobierno estableció retenes en carreteras principales del país, especialmente en rutas utilizadas por migrantes, donde militares y agentes del Instituto Nacional de Migración (INAMI) comenzaron a solicitar identificación a los viajeros.
Numerosos testimonios documentan estos procedimientos. Salvador Camarena describió cómo su autobús fue detenido por el Ejército camino a Guadalajara, mientras que el autor de este artículo relata una experiencia similar en el aeropuerto de Hermosillo, donde se negó a mostrar identificación ante la falta de fundamento legal para tal exigencia.
El problema fundamental: la falta de identificación nacional
El problema de fondo en México, similar a lo ocurrido durante la administración de Trump en Estados Unidos, radica en la inexistencia de un documento nacional de identidad universal y obligatorio. A pesar de discusiones que se remontan al intento del profesor Olivares Santana en Gobernación por crear una cédula de identidad, México carece de este instrumento básico.
Ninguno de los documentos actuales cumple esta función: ni la credencial del INE, ni la licencia de conducir, ni la cartilla militar, ni las credenciales del INAPAM, IMSS, ISSSTE o cédulas profesionales. Incluso la nueva CURP impresa no constituye una solución adecuada sin modificaciones al esquema actual.
Consecuencias y riesgos de estas prácticas
Esta situación crea un vacío legal peligroso que facilita abusos, extorsiones y violaciones a derechos humanos. Las autoridades no pueden exigir legalmente identificación cuando los mexicanos no estamos obligados a poseer un documento que simplemente no existe de manera universal.
La práctica de militares y agentes migratorios de solicitar identificación "casi es una invitación" al abuso, afectando especialmente a extranjeros en situación de vulnerabilidad. Aunque algunos argumentan que frente a otras violaciones graves de derechos humanos esto parece menor, la realidad es que normaliza la arbitrariedad y allana el camino para tragedias mayores.
El fallo judicial, aunque probablemente será apelado por las empresas bajo presión gubernamental, establece un precedente importante que debería extenderse a los retenes en carreteras. La esperanza ahora es que alguien más presente amparos contra estos procedimientos, ya que es improbable que la administración actual los prohíba voluntariamente.
