La Corte Suprema de Estados Unidos se inclina por reinstaurar política migratoria restrictiva de Trump
La supermayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos, con una composición de seis magistrados frente a tres progresistas, mostró este martes una clara inclinación a favor de reinstaurar la controvertida ordenanza que permite a los agentes migratorios rechazar solicitudes de asilo antes de que los migrantes crucen completamente la frontera entre México y Estados Unidos. Esta práctica, eliminada por el presidente Joe Biden en 2021, constituye un elemento central de la cruzada antiinmigrante del expresidente Donald Trump.
El dilema jurídico: ¿Llegar a la garita es llegar a Estados Unidos?
El núcleo del debate que se dirime en la audiencia, y cuyo fallo definitivo se espera para junio o julio, radica en determinar si presentarse en la garita fronteriza estadounidense equivale a estar "físicamente presente en Estados Unidos", como exige la ley federal para tener derecho a solicitar asilo. La cuestión fundamental es si los inmigrantes deben cruzar completamente la frontera para adquirir este derecho o si basta con llegar al límite fronterizo.
El presidente del Supremo, John G. Roberts, junto con la magistrada Amy Coney Barrett, ambos conservadores, sugirieron durante la audiencia que "llegar a Estados Unidos" se refiere exclusivamente a una persona que ha cruzado la frontera por completo, posición que coincide con los argumentos presentados por el Gobierno. Según esta interpretación, solo quienes hayan completado el cruce tendrían derecho a solicitar asilo, aunque esto no garantiza que se les otorgue.
Posturas enfrentadas en el máximo tribunal
El juez Neil M. Gorsuch, otro miembro de la mayoría conservadora, planteó dudas sobre los derechos de solicitantes de asilo que se encuentran al final de la fila en la frontera o de personas que permanecen a la orilla del Río Grande esperando cruzar. En su opinión, al no estar físicamente en territorio estadounidense, estas personas no pueden ejercer el derecho a pedir asilo.
Por el contrario, las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, ambas liberales, defendieron con firmeza los argumentos de los solicitantes de asilo. Sotomayor argumentó que rechazar este derecho viola tanto el estatuto que otorga el Congreso a quienes reclaman protección contra persecución como los acuerdos internacionales sobre refugiados establecidos tras la Segunda Guerra Mundial.
"Están dejando entrar a trabajadores con permisos para venir a trabajar. Están dejando entrar a todos los demás. Pero no están permitiendo el paso a las personas que llegan a la fila —a la puerta— y llaman a ella, y que desean solicitar el estatus de refugiado", declaró Sotomayor, refiriéndose a quienes huyen de persecución en sus países de origen.
Consecuencias humanitarias y críticas a la política
Los defensores de los migrantes presentes en la audiencia calificaron la política de Trump como "ilegal e inhumana", ya que obligaría a los solicitantes de asilo a permanecer indefinidamente en México, exponiéndolos a peligros constantes. Nicole Elizabeth Ramos, del grupo proinmigrante Al Otro Lado, declaró en un comunicado: "No se puede pedir a alguien que huye de la violación, la tortura o las amenazas de muerte que espere indefinidamente en peligro simplemente porque un gobierno ha decidido que sus vidas resultan inconvenientes".
La jueza Sotomayor utilizó una analogía poderosa para ilustrar su posición: "Alguien que viaja en un avión a punto de aterrizar en LaGuardia tal vez no haya puesto aún el pie en suelo estadounidense. Pero ha llegado a los Estados Unidos. Está llegando. Está llamando a la puerta". Sotomayor sugirió que deberían ser los tribunales inferiores los encargados de decidir cada caso individualmente, en lugar de aplicar una política general restrictiva.
Mientras tanto, miles de migrantes continúan esperando en el lado mexicano de la frontera, particularmente en la garita internacional de El Chaparral en Tijuana, con la esperanza de poder solicitar asilo en Estados Unidos. La decisión final de la Corte Suprema, que se conocerá en los próximos meses, tendrá profundas implicaciones para el futuro del sistema de asilo estadounidense y la vida de decenas de miles de personas que buscan protección internacional.
