Denuncian ante CIDH estrategia sistemática de deportaciones de Estados Unidos
En una sesión extraordinaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una coalición de más de veinte organizaciones regionales presentó una contundente denuncia sobre la consolidación de una estrategia de deportación y traslado forzado implementada por la administración del presidente Donald Trump. Los representantes documentaron cómo Estados Unidos ha establecido "acuerdos opacos" con múltiples países de Latinoamérica y el Caribe, resultado de lo que calificaron como "presiones diplomáticas y económicas" sin precedentes.
Violación sistemática de estándares internacionales
Durante la audiencia titulada "Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de movilidad humana", celebrada el 11 de marzo, las organizaciones expusieron cómo estos acuerdos violan flagrantemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según su testimonio, los países receptores aceptan población expulsada "sin contar con la infraestructura ni los sistemas de asilo funcionales", lo que deriva en "un sufrimiento humano devastador" para miles de personas.
La comisionada Andrea Pochak manifestó durante la sesión que resulta inadmisible que los países invoquen la soberanía nacional para "torturar, violar la dignidad o separar familias". En un pronunciamiento contundente, Pochak advirtió que "cada una de nosotras va a tener que preguntarse qué hizo para evitar que las personas migrantes y con necesidades de protección internacional sean tratadas como animales".
Casos documentados de extrema crueldad
Las organizaciones presentaron evidencia detallada de lo que calificaron como "una escala de abusos que constituye violación sistemática a los estándares interamericanos". En el caso de México, documentaron que entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizó la deportación de casi 13 mil personas de terceras nacionalidades, incluyendo un 23% de mujeres y 690 niñas, niños y adolescentes.
La situación alcanzó niveles particularmente alarmantes en El Salvador, donde 252 jóvenes venezolanos fueron deportados "bajo engaños" y recluidos en el Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad. Según el testimonio, sufrieron desaparición forzada por más de cuatro meses, incomunicación, torturas físicas y psicológicas, y abusos sexuales antes de ser devueltos a Venezuela, violando el principio fundamental de no devolución.
Externalización de políticas migratorias
La estrategia de externalización ha tomado diversas formas en la región. En Panamá y Costa Rica, se documentó la existencia de campamentos de detención bajo condiciones inhumanas. En el primer país, se registraron negaciones sumarias de asilo y violencia sexual contra mujeres migrantes dentro de un grupo de aproximadamente 300 personas detenidas en la selva de Darién.
En Costa Rica, familias migrantes completas -incluyendo 81 menores de edad- fueron confinadas en una antigua fábrica "bajo vigilancia armada y condiciones de hacinamiento extremo". Las evidencias presentadas muestran claramente que "la prioridad de estos acuerdos no es la protección, sino el control punitivo" de la movilidad humana.
Países centroamericanos como receptores forzados
Guatemala ha aceptado recibir personas de diferentes países centroamericanos que son posteriormente enviadas a sus países de origen, prestandose así a lo que las organizaciones denominan "la tercerización de las políticas migratorias". Honduras, por su parte, ha recibido más de 50 personas de múltiples nacionalidades bajo el Acuerdo de Cooperación para el Examen de Solicitudes de Protección, a pesar de las condiciones de inseguridad que prevalecen en el país.
Los datos presentados revelan que en los últimos tres meses, Estados Unidos emitió 2 mil 800 órdenes de expulsión hacia Honduras para personas no originarias de este país centroamericano, evidenciando la magnitud del fenómeno.
Mecanismos urgentes solicitados
Las organizaciones urgieron a los comisionados de la CIDH, al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes y al representante Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a activar tres mecanismos especiales:
- Elaborar un documento técnico y operativo que especifique las obligaciones en materia de derechos humanos de los países del hemisferio que han suscrito estos acuerdos y los obligue a rendir cuentas.
- Tramitar una "Opinión Consultiva" ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener una interpretación vinculante sobre la legalidad de estas expulsiones.
- Realizar un monitoreo directo mediante visitas in situ para supervisar las condiciones de detención y garantizar que no se produzcan devoluciones en cadena.
En su declaración final, las organizaciones alertaron que "la protección de los derechos humanos no puede estar sujeta a negociaciones bilaterales" y exigieron que los Estados "vuelvan a los estándares internacionales que garantizan la vida y la integridad de quienes buscan protección internacional". La coalición de denunciantes incluyó organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights First, Physicians for Human Rights y múltiples centros de derechos humanos y clínicas jurídicas especializadas en migración.
