A tres años del incendio en estancia migratoria de Juárez, familiares exigen justicia
Incendio en estancia migratoria de Juárez: familiares piden justicia

A tres años de la tragedia: familiares de víctimas del incendio migratorio en Juárez claman por justicia

Este viernes se cumplen tres años del devastador incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, un siniestro que cobró la vida de 40 personas y dejó 42 sobrevivientes, de los cuales 27 eran hombres y 15 mujeres. En un pronunciamiento conjunto, familiares de las víctimas y diversas organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz para denunciar que persiste una alarmante falta de justicia, verdad y reparación integral para los afectados.

Una tragedia estructural que sigue sin resolverse

Las organizaciones firmantes han calificado este incendio como una de las tragedias más graves cometidas contra personas migrantes bajo custodia del Estado mexicano en la historia reciente. Los hechos, según su análisis, evidenciaron fallas estructurales profundas en la política migratoria nacional, así como una clara responsabilidad de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la integridad de las personas detenidas.

"El incendio no puede entenderse como un hecho aislado o fortuito", advirtieron las organizaciones en su posicionamiento. "Es, por el contrario, la consecuencia directa de una política migratoria basada en la criminalización y la discriminación sistemática de las personas migrantes".

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Pendientes significativos y promesas incumplidas

A pesar del tiempo transcurrido, las organizaciones señalaron que existen pendientes críticos que mantienen en vilo a las familias afectadas. Entre los más urgentes destacan:

  • La ausencia de sentencias firmes contra los funcionarios involucrados en los hechos.
  • El incumplimiento parcial de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
  • La falta de reconocimiento pleno de todas las víctimas, con especial énfasis en las mujeres sobrevivientes.
  • La inexistencia de una reparación integral del daño que cubra todas las dimensiones del sufrimiento causado.
  • La ausencia de medidas efectivas y estructurales para prevenir la repetición de hechos similares en el futuro.

"Las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano en el momento de la tragedia", recordaron los familiares. "Esta circunstancia implica una responsabilidad directa e ineludible del Estado sobre su vida, su seguridad y su integridad física y emocional".

Avances insuficientes y demandas urgentes

Si bien los familiares reconocieron algunos avances simbólicos, como la disculpa pública ordenada por un juez federal, consideraron que estas acciones resultan completamente insuficientes frente a la magnitud de los daños causados. "Una disculpa no sustituye la obligación constitucional y moral del gobierno federal de investigar a fondo, sancionar a todos los responsables y garantizar justicia pronta e imparcial", afirmaron.

En su pronunciamiento, los representantes de las víctimas reiteraron que lo ocurrido fue el resultado directo de omisiones graves y negligencia institucional generalizada. Por ello, demandaron cinco acciones urgentes e impostergables:

  1. El esclarecimiento total y transparente de todos los hechos relacionados con el incendio.
  2. Justicia pronta, completa e imparcial para todas las víctimas y sus familias.
  3. Reparación integral del daño con un enfoque amplio de derechos humanos.
  4. Reconocimiento oficial de todas las personas afectadas como víctimas, sin exclusiones ni omisiones.
  5. Implementación de medidas estructurales que eviten definitivamente la repetición de tragedias similares, incluyendo el fin de la detención migratoria como política de control.

El llamado de las organizaciones y familiares resuena con particular fuerza en este tercer aniversario, recordando que la justicia tardía equivale a justicia denegada, especialmente cuando se trata de vidas humanas perdidas bajo la custodia del Estado.

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