Desde que inició el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han muerto 49 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De estos fallecimientos, 15 corresponden a ciudadanos mexicanos, según datos oficiales.
Cifras alarmantes
En 2025 se registraron 31 muertes, la cifra más alta desde 2004, cuando se creó ICE bajo el gobierno de George W. Bush. En lo que va de 2026, han perecido 18 personas. El último caso es un cubano de 33 años que murió en un centro de Georgia el pasado martes.
De continuar esta tendencia, se podrían alcanzar hasta 60 víctimas fatales al cierre del año, según estimaciones del académico Austin Kocher, experto en migración.
Crisis del modelo migratorio
Ricardo Sepúlveda, doctor en derecho de la Universidad Panamericana y especialista en derechos humanos, señaló que esta situación refleja un punto crítico en la política migratoria estadounidense. “Estamos entrando a una etapa de crisis del modelo migratorio en Estados Unidos”, afirmó.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) publicó un informe el martes pasado en el que sostiene que estas muertes no son tragedias aisladas, sino “resultados predecibles de un sistema plagado por la negligencia, el abuso y la impunidad”.
Perfil de las víctimas
Un conteo de Excélsior reveló que el 62.5% de los fallecidos son latinoamericanos, seguidos de asiáticos (29.2%), africanos (4.2%), europeos (2.1%) y un canadiense (2.1%). Por nacionalidad, México encabeza la lista con 15 casos; le siguen Honduras y Cuba con cuatro cada uno, y China, Vietnam y Haití con tres cada uno.
El 53% de las víctimas tenía más de 45 años, y el 15% superaba los 65. Sepúlveda atribuye esto a un cambio en los perfiles demográficos de los detenidos, con un aumento en la edad promedio, lo que evidencia la criminalización generalizada de la inmigración irregular.
Estrategias de detención
El gobierno de Trump ha diversificado sus tácticas de arresto, incluyendo detenciones en casas, lugares de trabajo, escuelas e incluso tribunales migratorios. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reportó un aumento del 1000% en detenciones en vía pública y zonas residenciales durante el primer año del segundo mandato.
Esta expansión genera inseguridad jurídica y constituye una violación de derechos humanos, según Sepúlveda.
Hacinamiento y falta de atención médica
El rápido aumento de arrestos ha provocado sobreocupación en los centros de detención. ACLU denunció que estos centros no cumplen con los estándares básicos de salud y seguridad impuestos por el Congreso, especialmente en personal y material médico.
Abogados han reportado retrasos intencionales en la atención de condiciones médicas preexistentes, lo que ha llevado a muertes prevenibles. El 69.5% de los decesos se debieron a complicaciones de salud agravadas por falta de atención especializada. El suicidio representa el 19.5% de las causas.
Además, la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos denunció prácticas de subregistro, como el traslado de individuos en estado crítico a hospitales para no contabilizar sus muertes en los reportes oficiales.
Opacidad y falta de inspecciones
Trump ordenó el cierre de las agencias internas encargadas de inspeccionar los centros y gestionar denuncias. En los comunicados de prensa, ICE califica a los fallecidos como “criminales profesionales” o “migrantes ilegales”.
El doctor Sepúlveda llamó a aumentar la presión diplomática y jurídica contra el gobierno de EU: “Sí, estamos en un momento crítico. Vale la pena levantar la voz, hacer reflexiones y análisis para lograr soluciones diferentes”.
