Un año de Trump: la política migratoria estadounidense agrava la crisis humanitaria en México
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025, la política migratoria de ese país ha transformado drásticamente las dinámicas en la región. Para las organizaciones de la Red de Documentación (Redodem), este escenario no es una ruptura inesperada, sino la continuidad y profundización de un régimen de control que, una vez más, traslada los costos humanos de la contención migratoria hacia naciones de tránsito y acogida, especialmente México.
México: no solo víctima, sino cómplice activo
México no es meramente un país que sufre decisiones tomadas fuera de su territorio; también participa activamente en su aplicación. Al aceptar que la contención se implemente dentro de sus fronteras, termina administrando sus costos humanos. Los acuerdos políticos y económicos que sostienen esta lógica convierten a las personas en movilidad en la variable de ajuste: más espera, más obstáculos, más exposición a violencias y menos posibilidades reales de encontrar protección.
Desde el derecho internacional, esta práctica entra en conflicto directo con el principio de no devolución consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y con las obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ninguna autoridad puede regresar, por acción u omisión, a alguien a un lugar donde su vida o integridad estén en peligro, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar, en la práctica y no solo en el discurso, el acceso efectivo a la protección internacional.
La agenda antiinmigrante de Trump y su impacto regional
Desde el inicio del segundo mandato de Trump (2025–2028), la migración volvió a ocupar un lugar central en una agenda abiertamente antiinmigrante. Las amenazas de deportaciones masivas, el cierre de facto de la frontera y la cancelación práctica del acceso al asilo profundizaron una estrategia regional de contención impulsada desde Estados Unidos, pero asumida activamente por México y otros países de América Latina. El control migratorio dejó de concentrarse en la frontera y se extendió al interior de los territorios, instalando un régimen de verificación permanente que atraviesa comunidades enteras y altera la vida cotidiana de sus habitantes.
En Estados Unidos, durante 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reportó alrededor de 220 mil arrestos realizados lejos de la frontera, en centros de trabajo, comunidades y otros espacios públicos. Este desplazamiento del control ayuda a explicar la caída sustancial de los llamados “encuentros” en la frontera México–Estados Unidos. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 135,515 encuentros, una cifra significativamente menor a la de años previos. Sin embargo, esta disminución no refleja una reducción de la migración ni el éxito de políticas de disuasión, sino el reforzamiento de estrategias de contención más agresivas y selectivas, acompañadas de una menor detección en puntos visibles.
Cifras oficiales mexicanas: una reducción engañosa
Esa misma lógica aparece en las cifras oficiales mexicanas. Según la Unidad de Política Migratoria, en 2024 se registraron 925,085 eventos de personas en situación migratoria irregular, mientras que en 2025 el total reportado fue de 145,449. Estos datos no miden la migración; miden la intervención estatal, su capacidad o decisión de detectar, registrar y visibilizar a las personas en movilidad. La reducción de registros no es un fenómeno técnico ni administrativo: es una decisión política que empuja las violencias fuera del radar institucional.
El artículo 1º constitucional establece que el Estado no solo debe abstenerse de violar derechos, sino garantizar activamente su ejercicio. En ese sentido, cuando decide no registrar ni proteger a las personas en movilidad, incumple su deber de garantía y convierte la omisión institucional en un factor activo de desprotección.
Violencia criminal y responsabilidad estatal
La violencia no desapareció. Se movió fuera de nuestra vista. Los registros de 2024 lo confirman: 62.7% de las agresiones fueron cometidas por grupos criminales, que por primera vez desplazaron a las autoridades como principales perpetradores. Este dato no puede leerse sin la responsabilidad del Estado: las políticas de contención, el cierre de rutas visibles y el abandono institucional han creado las condiciones para que estas violencias operen con mayor impunidad. Desde los estándares interamericanos de derechos humanos, esta expansión de la violencia criminal implica responsabilidad estatal por omisión y falta de debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de violaciones a derechos.
Impacto en albergues y acción humanitaria
El impacto de este reordenamiento también se refleja en la dinámica de los albergues que integran la Redodem. En 2024 se documentaron 37,999 ingresos, una disminución del 29% respecto de 2023, tendencia que se profundizó durante 2025. Estas cifras no indican una reducción de las necesidades de protección; muestran que menos personas logran llegar a espacios seguros. En el trabajo cotidiano observamos un aumento de reingresos, personas obligadas a regresar ante la falta de alternativas reales para continuar su trayecto o generar medios de vida en los lugares donde quedaron varadas.
Al mismo tiempo, algunos albergues enfrentan recortes de financiamiento, cierres temporales o exposición directa a la violencia en contextos de fuerte control criminal del territorio. Estos hechos no son excepcionales, sino la expresión de un entorno cada vez más hostil para la acción humanitaria. La existencia de los albergues no sustituye las obligaciones del Estado en materia de protección internacional; por el contrario, evidencia los vacíos institucionales que han sido dejados sin atender.
Una crisis silenciosa de protección
La caída de cifras no puede leerse como una solución, sino como la expresión de una crisis silenciosa de protección que se profundiza fuera del radar institucional. La movilidad humana no se ha detenido; se ha vuelto más riesgosa e invisible. Insistir en la disminución de registros como indicador de éxito distorsiona la discusión pública y desplaza el debate del terreno de las obligaciones estatales al de la gestión administrativa del control.
Ese será el criterio desde el cual la Redodem sostendrá su trabajo de documentación, exigencia y rendición de cuentas, no por la reducción de cifras, sino por la capacidad real del Estado mexicano de garantizar protección, acceso a derechos y condiciones mínimas de seguridad para las personas en movilidad, así como por su disposición a rendir cuentas sobre las violencias que hoy quedan fuera de los registros oficiales.
