Reforma de Sheinbaum en la mira por posible maquillaje financiero
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que está generando intensas críticas y advertencias sobre opacidad en las finanzas públicas de México. La iniciativa, denominada "Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar", busca modificar la medición del gasto corriente para excluir componentes clave, lo que según expertos podría distorsionar la realidad fiscal del país.
Cambios en la definición del gasto corriente estructural
El proyecto enviado a la Cámara de Diputados el 19 de marzo propone ajustar el artículo 2, fracción XXIV Bis de la LFPRH, redefiniendo el concepto de "gasto corriente estructural". Bajo esta nueva propuesta, se incorporarían a esta categoría los programas sociales universales con respaldo constitucional, así como los servicios personales vinculados a funciones esenciales de educación, salud y seguridad pública. Esto significa que los sueldos de maestros, médicos y policías, que hasta ahora se consideraban parte del gasto operativo directo, pasarían a ser absorbidos bajo una clasificación con implicaciones distintas en la medición del balance público.
Según el artículo 17 de la LFPRH, el gasto corriente estructural es un componente fundamental para determinar si el gasto público contribuye al equilibrio presupuestario. Aunque el gobierno no elimina estos gastos del presupuesto total ni del cálculo del déficit medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), sí altera significativamente el "termómetro" con el que se evalúa la presión del gasto sobre las finanzas nacionales.
Advertencias de expertos sobre manipulación fiscal
El analista económico Mario Di Costanzo ha sido uno de los críticos más vocales de esta reforma, advirtiendo que busca esconder el déficit y el endeudamiento real de México en un momento donde las finanzas del país enfrentan presiones sin precedentes. En declaraciones públicas, Di Costanzo señaló que la iniciativa pretende excluir del gasto corriente no solo los sueldos de policías, médicos y maestros, sino también los programas sociales, lo que reduciría "artificialmente el déficit y los requerimientos financieros del sector público".
"Esta maniobra legislativa podría maquillar la situación financiera real, ocultando la verdadera magnitud del desequilibrio fiscal", afirmó el experto, subrayando que el cambio en la fórmula de medición afecta la transparencia y la disciplina fiscal que México necesita para mantener un balance adecuado con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso.
Implicaciones para la transparencia presupuestaria
La reforma establece que el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo federal, así como el aprobado por la Cámara de Diputados y el ejercido en el ejercicio fiscal, no podrá superar un límite máximo. Además, detalla que el gasto de las empresas públicas del Estado no se contabilizará dentro del gasto corriente estructural utilizado como base para calcular dicho límite. Esto añade otra capa de complejidad a la evaluación de las finanzas públicas.
Los críticos argumentan que, al redefinir qué se considera gasto corriente, el gobierno podría presentar una imagen más favorable de su manejo fiscal, incluso si los compromisos de pago a trabajadores esenciales y programas sociales siguen representando una carga significativa para el erario. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad de los ciudadanos y las instituciones para monitorear y exigir responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
En resumen, la reforma de Sheinbaum a la LFPRH ha encendido las alarmas en círculos económicos y políticos, con preocupaciones crecientes sobre su potencial para oscurecer la realidad financiera de México en un contexto de crecientes desafíos fiscales.
