Fin a las pensiones estratosféricas: Senado aprueba histórica reforma constitucional
El Senado de la República dio un paso histórico al aprobar por unanimidad de 116 votos la reforma constitucional que extingue las denominadas "pensiones y castas doradas" que durante décadas han beneficiado a exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y organismos públicos. Esta medida pone fin a jubilaciones que oscilaban entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, cargadas al erario público.
Detalles de la reforma y sus alcances limitados
La minuta, que fue remitida a la Cámara de Diputados para su trámite parlamentario, establece un tope máximo para estas pensiones equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal. Considerando que la presidenta Claudia Sheinbaum percibe 140 mil pesos mensuales, el límite quedaría fijado en 70 mil pesos mensuales.
Sin embargo, esta medida presenta exclusiones significativas:
- No aplica a ex ministros de la Suprema Corte de Justicia
- No afecta a militares en activo o retirados
- Mantiene intactos los haberes de estas categorías
Impacto económico y beneficiarios afectados
El gobierno federal estima que esta reforma generará un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos anuales, recursos que actualmente se destinan a exfuncionarios con pensiones millonarias. Según datos oficiales, entre 3,404 y 5,600 exfuncionarios de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones que superan el salario presidencial.
Los principales emisores de estas jubilaciones privilegiadas son:
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Nacional Financiera (Nafin)
- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
- Bancomext
Organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro también han sido fuente de estas pensiones exorbitantes.
Posturas políticas y críticas a la medida
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, manifestó su repudio hacia "pensiones estratosféricas para una pequeña burocracia privilegiada, verdaderas castas doradas sostenidas por el erario". En contraste, el senador Saúl Monreal recordó que mientras el promedio de pensión en México oscila entre 6,676 y 8,400 pesos mensuales, en el sector público existen casos que van desde 340 mil hasta un millón de pesos mensuales.
El Partido Acción Nacional (PAN) criticó que la medida no sea extensiva a toda la administración pública. El panista Francisco Javier Ramírez Acuña argumentó: "Este tipo de abusos no solo debe alcanzar a quienes va dirigido, sino a todos los organismos públicos e instituciones autónomas como las Fuerzas Armadas, las universidades públicas y otras entidades gubernamentales".
La oposición, aunque apoyó la reforma, denunció que "los cambios llevan dedicatoria". La senadora priista Carolina Viggianno recordó que estas pensiones estaban prohibidas desde 2019, pero solo tras las revelaciones del libro de Julio Scherer sobre presuntos fraudes en pensiones por 27 mil millones de pesos a trabajadores de Luz y Fuerza se envió esta reforma.
Abstenciones y perspectivas futuras
En la discusión en lo particular, los seis integrantes de Movimiento Ciudadano votaron en abstención, considerando que la medida "no resuelve la carga financiera del sistema de pensiones". La senadora Alejandra Barrales Magdaleno afirmó: "Esta iniciativa no está contemplando la dimensión del problema, está siendo una vez más una reacción legislativa".
La reforma marca un punto de inflexión en la política de pensiones públicas, aunque deja pendientes debates sobre la universalidad de las medidas correctivas y la sostenibilidad a largo plazo del sistema de jubilaciones en México.
