El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los lineamientos que regularán el proceso de revocación de mandato para diputaciones, alcaldías y concejalías electas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. Este acuerdo establece reglas claras para organizar este mecanismo de democracia directa en la capital.
Etapas del procedimiento
El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud, seguida de la verificación del respaldo ciudadano, equivalente al 10 por ciento de la Lista Nominal en el ámbito territorial correspondiente al cargo en cuestión. Posteriormente, se contempla la emisión de la convocatoria, la realización de la jornada de participación y la declaración de resultados.
Requisitos y plazos
La solicitud de revocación solo podrá presentarse una vez transcurrida la mitad del periodo para el que fue electa la persona servidora pública y no podrá realizarse durante un proceso electoral local ordinario. Las solicitudes podrán presentarse a más tardar el 8 de mayo si las firmas se entregan en papel y hasta el 22 de mayo si se utilizan mecanismos electrónicos complementarios. La convocatoria se emitiría entre el 14 y el 17 de junio, y la jornada consultiva está prevista para el 23 de agosto.
Validez del resultado
La consulta será vinculante únicamente si participa al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal del ámbito correspondiente y, de ellas, el 60 por ciento se pronuncia a favor de la revocación.
Verificación de apoyos
El procedimiento técnico para la verificación de los apoyos ciudadanos incluirá la revisión de requisitos, periodos de subsanación por parte del Comité Promotor y la validación de la información por parte del Instituto Nacional Electoral. Se podrán emplear tanto formatos impresos como herramientas tecnológicas, incluida la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano INE”.
Atribuciones y medidas de equidad
Los lineamientos precisan las atribuciones de las áreas del Instituto, la instalación de Mesas Receptoras de Opinión para garantizar el voto libre, secreto y directo, así como reglas para la promoción del ejercicio, mecanismos de fiscalización y medidas para asegurar la equidad, entre ellas la prohibición del uso de recursos públicos y la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso.
