Jalisco da marcha atrás al polémico aumento tarifario en transporte público
Tras semanas de intensas protestas ciudadanas, recursos legales y críticas generalizadas, el gobierno de Jalisco ha cancelado definitivamente el controvertido aumento a 14 pesos en la tarifa del transporte público. El gobernador Pablo Lemus Navarro anunció que, a partir del 1 de abril, el pasaje se mantendrá en 11 pesos sin importar el método de pago utilizado por los usuarios.
Un ajuste único durante el sexenio
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el mandatario estatal fue categórico: "Nadie pagará 14 pesos, por ningún motivo". Lemus aseguró que este será el único ajuste tarifario durante toda su administración y que el subsidio será válido con cualquier forma de pago, ya sea mediante la Tarjeta Única, las tarjetas Mi Movilidad o incluso en efectivo.
Esta decisión revierte completamente el ajuste previo que elevaba el costo del boleto desde los 9.50 pesos hasta los 14 pesos, un incremento que había generado malestar social en diversos sectores de la población jalisciense.
Subsidios permanentes para grupos vulnerables
El gobierno estatal confirmó que se mantendrá la tarifa preferencial de 5 pesos para estudiantes, quienes podrán acreditar su condición mediante su CURP y kardex académico, independientemente de la institución educativa a la que pertenezcan, incluyendo la Universidad de Guadalajara.
Además, continuarán los apoyos de transporte gratuito para:
- Personas adultas mayores
- Personas con discapacidad y sus cuidadores
- Mujeres jefas de familia
- Familiares de personas desaparecidas
- Estudiantes beneficiarios de programas sociales
Protestas y recursos legales que forzaron el cambio
La inconformidad social se manifestó en tres frentes principales: movilizaciones callejeras, amparos judiciales y cuestionamientos al modelo de recaudo implementado mediante una empresa privada. Bajo la consigna #NoAlTarifazo, diversos colectivos organizaron marchas prácticamente cada sábado desde principios de enero, argumentando que el aumento era injustificado frente a la calidad del servicio.
En el ámbito legal, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a 35 estudiantes para que pudieran seguir accediendo al subsidio sin tramitar la Tarjeta Única, al considerar que este requisito podría poner en riesgo sus datos personales. Los magistrados determinaron que el subsidio al transporte no puede condicionarse a la entrega obligatoria de información personal a una empresa privada.
Cuestionamientos al modelo de pago electrónico
Uno de los puntos más polémicos fue la implementación del sistema de pago mediante la Tarjeta Única, operada por la empresa Broxel. Organizaciones sociales y actores políticos señalaron posibles fallas en el esquema de negocio, destacando el costo recurrente que el gobierno pagaría por cada tarjeta activa, estimado en 5.45 pesos mensuales.
También se criticó lo que consideraron una bancarización forzada, ya que para acceder a la tarifa subsidiada de 11 pesos, los usuarios debían tramitar obligatoriamente dicha tarjeta bancaria. Se mencionaron además evaluaciones negativas de la Condusef sobre el desempeño de la empresa y quejas de usuarios por cuentas bloqueadas y dificultades para recuperar saldos retenidos.
Compromiso con un transporte público accesible
El gobernador Lemus Navarro señaló que la decisión se tomó tras escuchar a la ciudadanía y aseguró que el gobierno estatal continuará con acciones para fortalecer y ampliar el sistema de transporte público, con el objetivo de ofrecer un servicio "digno, accesible, eficiente y moderno".
La Tarjeta Única al Estilo Jalisco seguirá funcionando como instrumento para concentrar beneficios y apoyos sociales, permitiendo además utilizar el sistema de bicicleta pública Mi Bici, acceder a programas sociales, servicios financieros, envío y recepción de remesas, y un programa estatal de descuentos.
El equipo legal que promovió los amparos señaló que existen otros recursos en trámite presentados por adultos mayores y trabajadores del estado, y consideró que este caso podría sentar un precedente importante en la defensa del derecho a un transporte público accesible sin condicionamientos tecnológicos o comerciales.
