Jueza federal decreta libertad de operadores del Tren Interoceánico tras acuerdo reparatorio
En un giro significativo dentro del caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre pasado en Oaxaca, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz ordenó este miércoles la liberación de los dos únicos detenidos por el incidente. Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, abandonaron el penal El Amate en Cintalapa, Chiapas, luego de que la autoridad judicial decretara el sobreseimiento de la causa penal en su contra.
Audiencia clave en Cintalapa sella destino legal
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, las partes involucradas —la Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), dependiente de la Secretaría de Marina— aprobaron formalmente los acuerdos reparatorios que habían sido suscritos previamente. Estos acuerdos se lograron mediante el mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal, un procedimiento que permite resarcir el daño causado y concluir el proceso sin necesidad de llegar a un juicio tradicional.
Con el cumplimiento de dichos acuerdos, la jueza Ivens Cruz decretó la extinción de la acción penal, figura jurídica aplicable en delitos culposos de carácter patrimonial, sin violencia o que requieren querella. Esta decisión judicial marca el cierre formal del proceso penal contra los dos operadores ferroviarios.
Reparación integral a víctimas fue clave determinante
El elemento central que permitió esta resolución fue la reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento. Hasta el momento, 145 personas —114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes— han recibido dicha reparación, lo que derivó directamente en la extinción de la acción penal. Este proceso contó con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la FGR.
Las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa, lo que implicó la firma de los acuerdos reparatorios que finalmente llevaron a la liberación de los detenidos. Además, la empresa ferroviaria otorgó el perdón en su carácter de parte ofendida en relación con el delito de daño en bienes, según informó la FGR el pasado 8 de abril.
Exculpaciones técnicas y auditorías descartaron otros delitos
La Fiscalía General de la República también descartó varios delitos inicialmente considerados en la investigación. El delito de ataques a las vías generales de comunicación fue eliminado tras los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como de seguridad industrial. Dichos estudios, realizados a partir de una inspección y toma de muestras en el lugar del siniestro, concluyeron que en el punto del accidente la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplían con la normativa establecida.
Asimismo, la FGR descartó los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, con base en la información proporcionada por la empresa ferroviaria y el análisis de seis auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Estas determinaciones técnicas fueron fundamentales para limitar el alcance de las responsabilidades penales.
Detenidos permanecieron encarcelados desde enero
Felipe de Jesús Díaz Gómez, originario del municipio de Palenque, Chiapas, y Ricardo Mendoza Cerón, de Veracruz, se encontraban recluidos desde enero en el penal El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas. Ambos se desempeñaban como conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico respectivamente al momento del descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico generó una amplia cobertura mediática y escrutinio público sobre la seguridad de esta importante obra de infraestructura. La resolución judicial mediante mecanismos alternativos representa un enfoque restaurativo que prioriza la reparación a las víctimas sobre el castigo penal en casos de delitos culposos sin violencia.
