Tarifazo en Jalisco: Marchas y Recursos Legales Escalando contra el Aumento del Transporte
El aumento a la tarifa del transporte público en Guadalajara ha abierto un nuevo frente de presión para el gobierno de Jalisco, desatando una ola de protestas y acciones legales. Cientos de personas marcharon este domingo desde la glorieta de la Minerva hasta Casa Jalisco, expresando su rechazo al incremento de 9.50 a 14 pesos y al esquema de pago vinculado a la tarjeta operada por la empresa financiera Broxel.
Movilización y Críticas al Modelo de Subsidio
La movilización, convocada por la Asamblea Popular contra el Tarifazo y diversos colectivos, fue la segunda en un mismo fin de semana. El sábado, otro contingente recorrió el centro de la ciudad con la misma exigencia: frenar el incremento y revisar el modelo de subsidio. El nuevo esquema establece que la tarifa preferencial de 11 pesos solo aplica para quienes utilicen la tarjeta bancaria denominada La Única.
Para obtenerla, los usuarios deben registrarse y proporcionar datos personales, identificación, fotografía y otra información. Organizaciones civiles consideran que esta condición es una forma de obligar a la bancarización para acceder a un servicio público, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad y la equidad.
Costos y Cuestionamientos a Broxel
Además del registro, el contrato contempla un pago mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa. Si el sistema alcanza la meta de cinco millones de usuarios, el costo anual de operación superaría los 327 millones de pesos, recursos públicos destinados al funcionamiento del modelo. Colectivos han advertido que el sistema podría convertirse en una base masiva de clientes para servicios financieros adicionales, mientras que los usuarios asumirían costos indirectos por reposiciones o transacciones.
El conflicto ya llegó al terreno institucional. El Congreso de Jalisco exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento, revisar los estudios técnicos y financieros que lo sustentan, y crear una comisión especial para auditar tanto el servicio de transporte como el contrato firmado con Broxel. En paralelo, ciudadanos entregaron cerca de 5 mil 900 firmas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para impulsar un plebiscito contra el condicionamiento del subsidio al uso de la tarjeta.
Irregularidades y Contexto Nacional
El caso ocurre en un contexto de cuestionamientos al proveedor Broxel. Proceso ha documentado que, entre 2019 y 2025, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México exigió a Servicios Broxel la devolución de más de 121 millones de pesos por vales no entregados, mediante múltiples oficios emitidos al límite de los plazos contractuales.
Asimismo, en diciembre de 2025, Servicios Broxel obtuvo un contrato por más de 10 mil millones de pesos para vales electrónicos de fin de año, en medio de cuestionamientos por inconsistencias en su información económica en Compras MX y por riesgos operativos en la entrega. Estas irregularidades derivaron en denuncias ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y en la solicitud presidencial de revisar el fallo.
Futuro de la Protesta y Acciones Legales
Con el "tarifazo" en Jalisco, las organizaciones inconformes adelantaron que mantendrán la presión en las calles y en el ámbito jurídico. De forma paralela a las movilizaciones, han promovido distintos mecanismos legales para frenar el aumento, entre ellos solicitudes de plebiscito, la ruta de un posible referendo y la preparación de amparos colectivos contra el nuevo esquema tarifario y de pago.
La situación refleja una creciente tensión entre las políticas gubernamentales y las demandas ciudadanas, poniendo en evidencia los desafíos en la gestión del transporte público y la transparencia en los contratos con empresas privadas.
