Gobierno federal reafirma prohibición de Uber en aeropuertos tras resolución judicial
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido un comunicado oficial para aclarar que la plataforma de movilidad Uber no posee autorización alguna para prestar servicios dentro de los polígonos de los aeropuertos en México, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esta declaración se produce en respuesta a un posicionamiento público de la empresa, difundido el 11 de marzo de 2026, en el que alegaba que una orden judicial protege a sus conductores de sanciones en estas zonas.
Amparo judicial limita operativos pero no otorga permisos
Según la SICT, Uber México promovió un juicio de amparo en julio de 2025 ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa. Este recurso legal se interpuso contra los operativos realizados por la Guardia Nacional de México y contra disposiciones de la Ley de Caminos, Puertos y Autotransporte Federal. El juzgado concedió una suspensión definitiva, pero únicamente para evitar detenciones arbitrarias o discriminatorias contra vehículos que operan mediante aplicaciones digitales.
Sin embargo, la dependencia federal ha precisado que esta resolución no implica que las plataformas como Uber tengan permiso para operar dentro de los aeropuertos, ni impide que se levanten infracciones administrativas si se detectan irregularidades en el servicio. La SICT enfatizó que la autorización formal sigue siendo un requisito indispensable, y recomendó a los usuarios utilizar exclusivamente los servicios de taxis autorizados disponibles en las terminales aéreas.
Uber argumenta que conductores pueden recoger pasajeros sin sanciones
Por su parte, Uber ha respondido que la resolución judicial ordena a la Guardia Nacional respetar la suspensión definitiva otorgada en 2025, lo que, según la empresa, permitiría a los conductores dejar y recoger usuarios en los aeropuertos sin enfrentar sanciones. La plataforma advirtió que el incumplimiento de esta suspensión podría derivar en medidas legales contra las autoridades, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo.
Además, Uber señaló que espera que la decisión judicial sea respetada, especialmente en el contexto de eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se anticipa la llegada de millones de visitantes a México. Este punto subraya la tensión entre la normativa gubernamental y las demandas de servicios de transporte ante un aumento esperado en la afluencia turística.
Conflicto legal persiste con implicaciones para la movilidad urbana
El desacuerdo entre la SICT y Uber refleja un conflicto legal más amplio sobre la regulación del transporte privado en espacios públicos clave. Mientras el gobierno insiste en la necesidad de autorizaciones formales para garantizar la seguridad y el orden, la empresa apela a protecciones judiciales para expandir sus operaciones. Este caso podría sentar un precedente para otras plataformas similares y afectar la movilidad en zonas de alta demanda como los aeropuertos.
La SICT reiteró su postura de que, pese al fallo judicial, Uber carece de autorización, y urgió a los viajeros a optar por alternativas reguladas. Este enfrentamiento destaca los desafíos en la adaptación de leyes tradicionales a modelos de negocio digitales, un tema recurrente en la política de transporte mexicana.
