Denuncian en Tijuana exigencias de pagos ilegales a desarrolladores de vivienda
En un escándalo que sacude la industria de la construcción en la frontera norte, desarrolladores de vivienda en Tijuana han presentado acusaciones formales contra funcionarios municipales por presuntamente exigir pagos ilegales para agilizar la emisión de permisos de construcción. Las denuncias, que involucran a múltiples empresas del sector, señalan que estas prácticas corruptas han retrasado proyectos habitacionales y aumentado los costos para las familias de bajos recursos.
Impacto en la construcción de viviendas accesibles
Los desarrolladores afectados reportan que los funcionarios, aprovechando su posición en áreas clave como planeación urbana y licencias, han establecido un sistema de "moches" o sobornos que oscila entre el 5% y el 10% del valor total de los proyectos. Este esquema, según las acusaciones, no solo viola la ley, sino que tiene consecuencias directas en la oferta de vivienda económica, ya que los costos adicionales se trasladan a los compradores finales.
"Estamos hablando de proyectos que podrían beneficiar a miles de familias en situación de vulnerabilidad", explicó un representante del sector que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias. "Los retrasos causados por estas exigencias ilegales están frenando la construcción de hogares asequibles y perpetuando el déficit habitacional en la región".
Respuesta de las autoridades y llamado a la transparencia
Ante las denuncias, grupos civiles y organizaciones de defensa de los derechos humanos han exigido una investigación inmediata por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Además, han hecho un llamado a la administración municipal de Tijuana para implementar medidas de transparencia en los procesos de permisos, incluyendo la digitalización de trámites y la supervisión independiente.
"La corrupción en el sector de la vivienda no es solo un delito económico; es una violación al derecho humano a un hogar digno", afirmó una portavoz de una organización local. "Es urgente que las autoridades actúen con firmeza para erradicar estas prácticas y garantizar que los recursos se destinen efectivamente a la construcción de viviendas".
Los desarrolladores han señalado que, de no tomarse acciones concretas, el impacto podría extenderse a otros municipios de la frontera, donde ya se han reportado casos similares de manera informal. La situación pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales en la gestión urbana para prevenir el abuso de poder y proteger a los ciudadanos.
