Tras 22 años de lucha, juzgado ordena devolver condominio invadido en San Rafael
Un juzgado determinó que el Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México debe desalojar y entregar un condominio de 34 departamentos a sus legítimos dueños, tras una invasión que comenzó en 2004 y una batalla legal que se extendió por más de dos décadas. El inmueble, ubicado en Antonio Caso números 104 y 108, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, fue objeto de una disputa que incluyó intentos de expropiación y riesgos estructurales.
La sentencia judicial y sus implicaciones
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa emitió una sentencia el 26 de febrero, ordenando al Invi que realice las actuaciones administrativas necesarias para el desalojo y la entrega material del inmueble. Esta decisión se basa en una sentencia previa del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitida el 6 de febrero. El plazo de diez días hábiles para el acatamiento venció el 11 de marzo, y el incumplimiento podría resultar en multas e incluso la separación del puesto de Inti Muñoz Santini, director general del Invi.
Para llevar a cabo la desocupación, el Invi debe solicitar el auxilio técnico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, debido a que en 2019 se determinó que el edificio presenta alto riesgo estructural. Los dueños, cinco hermanos adultos mayores que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, argumentan que este deterioro se debe a la falta de mantenimiento desde la invasión inicial.
Historia de la invasión y la lucha legal
La invasión del edificio comenzó en 2004, cuando Raquel Almanza y un grupo de personas se apropiaron gradualmente del espacio, primero ocupando departamentos y luego locales comerciales. Los dueños iniciaron averiguaciones previas por despojo en 2006, 2007 y 2010, pero los jueces archivaron estos casos por falta de elementos suficientes. En 2013, el Invi intentó expropiar el inmueble para construir vivienda social, alegando daños estructurales que los dueños consideran falsos.
Sin embargo, en 2014 un juez federal precluyó el procedimiento de expropiación, determinando que no existía interés público. A pesar de esto, el Invi no devolvió el edificio, lo que llevó a los dueños a continuar con batallas legales. En agosto del año pasado, el Juzgado Sexto de Distrito les otorgó un amparo, declarando que el Invi había tomado el inmueble de manera ilegal y no podía acreditar su posesión legítima.
Postura del Invi y expectativas de los dueños
Al ser consultado, el Invi afirmó que "dará cumplimiento a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales", pero negó categóricamente haber consentido o tolerado alguna ocupación ilegal del inmueble. Además, señaló que nunca tuvo la posesión jurídica del predio, ya que el procedimiento de expropiación no concluyó con un decreto formal. No obstante, los dueños insisten en que la sentencia del tribunal colegiado establece que el Invi tuvo posesión desde 2005 y esperan que se cumpla la orden judicial de devolución.
Este caso subraya los desafíos legales y administrativos que enfrentan los propietarios en situaciones de despojo prolongado, especialmente en el contexto de la vivienda en la Ciudad de México. La resolución final podría sentar un precedente para casos similares en el futuro.
