Propuesta de Trump sobre vivienda es tildada de 'cruel e ilegal' por organizaciones
La Administración del presidente Donald Trump ha presentado una iniciativa que busca reforzar los controles en el acceso a los programas federales de vivienda en Estados Unidos, exigiendo la verificación obligatoria de ciudadanía o estatus migratorio de los beneficiarios. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) dio a conocer esta propuesta, la cual está abierta a consulta pública y podría afectar a más de 80 mil personas si se aprueba.
Impacto en familias de estatus mixto
De acuerdo con el documento oficial, la sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, en su versión enmendada, impide al titular del HUD otorgar ayuda financiera a personas que no sean ciudadanas estadounidenses o que no cuenten con un estatus migratorio considerado elegible. Si se implementa, la medida modificaría las reglas vigentes para las llamadas familias de "estatus mixto", es decir, aquellas en las que algunos integrantes cumplen con los requisitos migratorios y otros no.
Actualmente, estos hogares pueden recibir asistencia prorrogada sin un límite definido; sin embargo, la nueva propuesta convertiría ese apoyo en temporal mientras se verifica la situación migratoria de cada miembro. Bajo la nueva regla, quienes no puedan comprobar su ciudadanía o estatus elegible dejarían de calificar para la asistencia, excepto por un breve período durante la verificación.
Críticas de organizaciones defensoras
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, incluyendo Greater Boston Legal Services, LatinoJustice PRLDEF de Nueva York, Legal Aid Society, Massachusetts Law Reform Institute, la Unión de Inquilinos de Vivienda Pública de Massachusetts y el Proyecto Nacional de Derecho de Vivienda, han emitido un pronunciamiento conjunto en contra de la iniciativa. Argumentan que esta medida afectaría directamente a familias de bajos ingresos que dependen de subsidios federales para cubrir el costo de la vivienda.
"Esta nueva propuesta abandona el enfoque tradicional y, en cambio, obliga a las familias a tomar una decisión imposible: separarse o quedarse sin hogar", advirtieron las organizaciones. Señalaron que, según datos del HUD, la norma desplazaría a decenas de miles de familias, incluidos unos 37 mil niños, la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Además, aseguran que esta acción no aborda la crisis de vivienda del país.
Problemas legales y constitucionales
Las organizaciones también advirtieron que la propuesta plantea "graves problemas legales y constitucionales" y que amenaza con causar daños "irreparables" a familias que han dependido legalmente de las protecciones de vivienda existentes durante décadas. Afirmaron que están revisando esta política detenidamente y explorando todas las vías legales para mantener a las familias unidas y con vivienda.
Por su parte, el secretario de HUD, Scott Turner, defendió la iniciativa en su cuenta de X, afirmando que "durante demasiado tiempo, inmigrantes ilegales e inelegibles han ocupado plazas en viviendas públicas gracias a la laguna legal para compartir apartamento con personas de estatus mixto, mientras que los estadounidenses se veían obligados a esperar". Agregó que "se acabaron los días en que inmigrantes ilegales, personas sin derecho a voto y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses".
Estudio sobre el impacto potencial
Un estudio de diciembre del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) señaló que casi 80 mil personas podrían verse afectadas por esta medida. El informe también destacó que miles de ciudadanos que reciban o soliciten estos programas podrían perder la asistencia si no pueden documentar su estatus migratorio, lo que subraya las posibles consecuencias amplias de la propuesta.
En resumen, la iniciativa de la Administración Trump ha generado una fuerte oposición por parte de grupos defensores de derechos, quienes la califican como una medida cruel e ilegal que podría dejar sin hogar a numerosas familias vulnerables, incluyendo a miles de niños ciudadanos estadounidenses.
