Suprema Corte avala medidas para contener la gentrificación en la capital
En un fallo histórico, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado un tope en los incrementos de rentas de viviendas en la Ciudad de México, marcando un hito en la lucha contra la gentrificación. La decisión, aprobada el 18 de febrero de 2026, respalda reformas impulsadas durante la administración de Martí Batres, exjefe de gobierno capitalino, y busca proteger el derecho a una vivienda adecuada, reconocido en la Constitución y tratados internacionales.
Detalles del fallo y su impacto constitucional
La Corte declaró constitucional el artículo 2448 D del Código Civil para la Ciudad de México, que establece que el aumento anual de la renta no puede superar la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior. Este límite no afecta la libertad contractual ni el derecho a la propiedad, ya que las partes siguen fijando libremente el monto inicial y otras condiciones del arrendamiento. Además, se validó el artículo 2448 F, que crea un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, gestionado por el gobierno local, para recopilar datos esenciales como el monto de la renta, incrementos pactados, colonia y alcaldía, excluyendo cláusulas detalladas del inmueble.
Objetivos y protecciones del registro digital
El registro tiene como fin monitorear la evolución de los precios de alquiler y generar estadísticas para evaluar la asequibilidad del mercado habitacional. La Corte enfatizó que la información debe manejarse con estrictos estándares de confidencialidad y protección de datos personales, en línea con la legislación aplicable en la Ciudad de México. Este enfoque busca prevenir incrementos desproporcionados que fomentan la gentrificación, un fenómeno que ha desplazado a residentes de bajos ingresos en áreas urbanas.
Contexto y reacciones
El proyecto, presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, fue aprobado tras un debate en el Congreso capitalino. La medida se alinea con el artículo 4 constitucional y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reforzando el compromiso del Estado con el acceso a la vivienda. Expertos señalan que esta decisión podría sentar un precedente para otras ciudades que enfrentan desafíos similares de gentrificación y especulación inmobiliaria.
En resumen, la SCJN ha dado un paso firme para equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos, priorizando la protección social en un mercado habitacional en constante transformación.
