SCJN valida tope de rentas en CDMX: ¿Un atentado contra la libertad empresarial?
En términos históricos, la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética ocurrieron hace relativamente poco tiempo. Desde una perspectiva económica, estos eventos dejaron en claro, para quienes desearan observarlo, los peligros inherentes cuando el Estado intenta reemplazar al mercado como el mecanismo principal de intercambio entre individuos y empresas. La reciente validación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tope al incremento de las rentas en la Ciudad de México—que ahora no pueden superar la inflación del año anterior—debe servir como un llamado de atención para reflexionar sobre los riesgos que enfrenta la libertad económica y empresarial en México.
Argumentos oficiales y sus críticas
Los argumentos del oficialismo se pueden resumir en dos puntos principales. Por un lado, se considera un fin constitucional legítimo garantizar que la vivienda sea asequible y no quede sujeta únicamente a la especulación. En este contexto, se habla de justicia social, un concepto excesivamente abstracto como para fundamentar políticas públicas exclusivamente en él. En segundo lugar, según sus defensores, la medida busca frenar la gentrificación, con el supuesto objetivo de evitar el desplazamiento de residentes locales debido a incrementos desproporcionados en zonas de alta presión inmobiliaria.
Detrás de estas justificaciones, subyace una crítica, aunque merecedora de mejor causa, hacia la mejora de las condiciones de vida en las colonias. La realidad es que la reforma no toma en cuenta las amplias diferencias entre rangos de precios y zonas geográficas, ya que trata de manera uniforme a todas las propiedades, independientemente de sus características específicas. Esta generalización excesiva es un aspecto que toda legislación razonable debería abordar con mayor precisión.
Riesgos y consecuencias negativas
Las medidas propuestas, combinadas con reformas en el Código Fiscal que exigen declaraciones detalladas sobre el estado de los inmuebles, podrían representar un primer paso hacia un control selectivo o incluso hacia riesgos de expropiación. En otras palabras, estos cambios abren la puerta para la profundización de abusos futuros, algo que una ley racional debería considerar y prevenir de manera proactiva.
Otro aspecto negativo de estas regulaciones es que desincentivan la inversión en el sector inmobiliario. Al mantener los precios por debajo de la dinámica natural del mercado, podría reducirse la oferta de vivienda en renta a largo plazo. Los propietarios podrían optar por retirar sus inmuebles del mercado ante la baja rentabilidad en comparación con los costos de mantenimiento. Este punto es particularmente preocupante, no solo desde la perspectiva de los empresarios inmobiliarios, sino también para aquellos que buscan rentar propiedades.
Posible expansión y llamado a la acción
Actualmente, estas reglas se aplican únicamente en una ciudad del país, pero existe el riesgo de que pronto puedan extenderse a todo México. Esto sería una mala idea, por las razones ya especificadas, que se relacionan principalmente con la libertad empresarial y el funcionamiento natural del mercado. La distorsión del equilibrio necesario entre demandantes y oferentes podría resultar en pérdidas para todos los involucrados.
Por lo tanto, es crucial detener la generalización de estas medidas en el futuro, promoviendo en su lugar políticas que equilibren la asequibilidad de la vivienda con el respeto a la libertad económica y el incentivo a la inversión privada.
