Al cierre de la semana, el debate público en México quedó marcado por dos iniciativas surgidas de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum: los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias de los medios de comunicación y la propuesta de regulación del uso problemático de dispositivos electrónicos y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes. El segundo tema, en particular, ha desatado una ola de críticas, muchas de ellas cargadas de desinformación.
Es preciso aclarar que los lineamientos sobre medios no son definitivos. La administración los ha puesto a consulta pública, con la intención de que la ciudadanía participe en su definición. El objetivo central, además de ofrecer herramientas de defensa ante posibles vulneraciones, es establecer de manera clara la diferencia entre noticia, opinión y pauta publicitaria. Nada de eso implica censura ni control estatal, como algunos pretenden hacer creer.
La evidencia en las aulas
El debate sobre la tecnología y las infancias no es una invención política. Los datos son contundentes. De acuerdo con la prueba PISA 2022, tres de cada diez estudiantes mexicanos reconocieron distraerse con dispositivos digitales durante la mayoría de sus clases de matemáticas. La situación no solo afecta a quien usa el teléfono: seis de cada diez alumnos señalaron que el uso de esos aparatos por parte de sus compañeros también desviaba su atención.
La UNESCO ha advertido en repetidas ocasiones que el uso excesivo o inadecuado de estas tecnologías puede perjudicar la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. También ha llamado la atención sobre los riesgos de ciberacoso y abuso en línea que enfrentan menores en todo el mundo. No se trata de satanizar la tecnología, sino de reconocer sus efectos reales cuando no se establecen límites.
Una respuesta internacional creciente
Frente a este panorama, la respuesta global ha sido cada vez más amplia. Según datos de la UNESCO, en 2023 solo 24% de los sistemas educativos del mundo contaban con restricciones al uso de celulares en las escuelas. Para marzo de 2026, esa cifra había escalado a 114 países, lo que representa 58% de las naciones. El avance es significativo y demuestra que la preocupación es compartida en todos los continentes.
Las políticas adoptadas rebasan las fronteras ideológicas. El gobierno socialista de Pedro Sánchez en España ha anunciado que prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años, con mecanismos efectivos de verificación de edad. Australia, bajo un gobierno laborista, ya adoptó ese límite. Francia ha endurecido las restricciones en las escuelas, y Reino Unido ha avanzado en la misma dirección tanto con gobiernos conservadores como socialdemócratas. Es un consenso global que no puede ignorarse.
No es una guerra contra la tecnología
Quienes se oponen a estas medidas suelen caricaturizarlas como un ataque a la innovación o un retroceso histórico. Nada más alejado de la realidad. Las herramientas digitales tienen un enorme potencial para enriquecer la educación y ampliar el acceso al conocimiento. Eso no está en discusión. Pero una cosa es emplearlas con fines pedagógicos y otra muy distinta es dejar a las nuevas generaciones expuestas sin límites a plataformas diseñadas por algunas de las corporaciones más poderosas del planeta.
El debate que se abre en México debe abordar edades, contextos sociales, responsabilidades de las plataformas y posibles excepciones. Habrá que escuchar a especialistas, docentes, familias y jóvenes. Regular con evidencia no es censura; es reconocer que el Estado tiene la obligación de proteger a las infancias en el espacio digital. La discusión es impostergable, y la inacción ya no es una opción defendible.
