Órganos autónomos bloquean transparencia con excusas administrativas y hartazgo ciudadano
El acceso a la información pública enfrenta una nueva barrera en México: la opacidad administrativa. Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), múltiples organismos autónomos están recurriendo cada vez más a declaraciones de incompetencia, inexistencia o improcedencia para negar solicitudes ciudadanas, mientras el hartazgo y desánimo de la población desploman los niveles de quejas.
Las excusas preferidas de los autónomos
Un análisis detallado revela que, a diferencia del Instituto Nacional Electoral (INE) que utiliza principalmente la "confidencialidad" para bloquear información, otros órganos garantes prefieren causales administrativas. La incompetencia, inexistencia e improcedencia concentran la mayor parte de negativas, creando un muro burocrático difícil de superar para los ciudadanos.
Examinando cinco de los cincuenta tipos de respuestas posibles entre dieciséis órganos garantes de instituciones autónomas y dependencias gubernamentales, se encontró un patrón preocupante. Algunas de estas causales podrían ser legítimas, pero su frecuencia alarmante sugiere un uso estratégico para evadir la transparencia.
El desalentador panorama de las quejas
Lo más preocupante es que, por hartazgo, desánimo o simple conformidad, la ciudadanía está renunciando a ejercer su derecho a quejarse. Cuando un organismo niega información, el ciudadano puede solicitar una revisión ante el órgano garante correspondiente, pero cada vez menos personas lo hacen.
Un ejemplo revelador: en 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió:
- 241 negativas por incompetencia
- 71 por inexistencia
- 14 declaradas confidenciales
- 1 por improcedencia
De todas estas negativas, sólo el 14% de los ciudadanos decidió presentar una queja formal, permitiendo que la mayoría de los casos queden sin revisión.
Los principales infractores de la transparencia
El análisis abarcó datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Fiscalía General de la República (FGR), la CNDH, las Cámaras de Diputados y Senadores, el Banco de México, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además de dos dependencias gubernamentales: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las solicitudes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Entre los hallazgos más significativos:
- La CNDH concentró el 22% de las respuestas por incompetencia, liderando esta práctica opaca.
- El Banco de México registró el 17.6% de negativas por incompetencia.
- El Senado de la República alcanzó el 13.6% en esta misma categoría.
- El AIFA se declaró incompetente en el 19.9% de los casos en 2024, reduciéndose al 8.1% en 2025.
El caso emblemático del IMSS
La inexistencia de información se ha convertido en la excusa favorita del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta dependencia, cuyo órgano garante es Transparencia para el Pueblo, es la más consultada por los mexicanos para solicitar expedientes médicos y semanas cotizadas para trámites de jubilación y pensiones.
Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, el IMSS recibió 36,940 solicitudes de información en 2025. De estas, declaró la inexistencia de la información en 10,156 casos, representando el 27.5% del total. Sin embargo, considerando todas las causales de negativa (incompetencia, reserva, confidencialidad, improcedencia), sólo el 2.4% de los ciudadanos presentó una queja por la respuesta recibida.
La disparidad en el ejercicio del derecho a queja
Mientras algunas instituciones registran niveles mínimos de quejas ciudadanas, otras muestran una mayor participación:
- La FGR tiene sólo un 4.5% de quejas en 2025.
- El Consejo de la Judicatura Federal lidera con un 36.2% de ciudadanos que ejercen su derecho a quejarse.
- El Senado registra un 24% de quejas.
- La Cámara de Diputados alcanza el 22.1%.
Este contexto se agrava con el reciente informe de que el INE quintuplicó en 2025 sus negativas de respuestas alegando "confidencialidad" de documentos, comparado con 2021, y las duplicó respecto a 2024. La situación se ha deteriorado notablemente desde que entró en vigor la desaparición del INAI el pasado 21 de marzo, dejando un vacío institucional que los organismos autónomos están aprovechando para reducir su transparencia.
