La detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de una realidad que se extiende por todo el país.
Hoy día, fuentes del Ejército de México y de Estados Unidos confirman que una tercera parte del territorio nacional está en manos de grupos del crimen organizado. En esas regiones, son ellos el verdadero gobierno, decidiendo quién gobierna a través de jefes de plaza, tanto en municipios como en gubernaturas.
El caso de Tequila: un cambio superficial
En Tequila, plaza controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el anterior alcalde probablemente seguiría en el cargo si no hubiera rebasado ciertos límites que obligaron a su encarcelamiento. Lo sustituye Lorena Marisol Rodríguez, de su grupo más cercano, quien participaba en acciones criminales y mantiene relación con el CJNG. Así, el cambio solo ha sido de persona, pero los tres niveles de gobierno no han recuperado el control del municipio.
Extensión del problema a nivel nacional
Especialistas en seguridad sostienen que, basándose en investigaciones documentales y de campo, al menos 50 municipios en el país presentan características similares a Tequila, la mayoría bajo autoridades morenistas. La realidad es que los municipios bajo control criminal son cientos, y hay evidencias de que algunos gobiernos estatales también están influenciados, con gobernadores apoyados por recursos millonarios de estos grupos.
- Los gobiernos estatales y federal saben de esta situación.
- No actúan por temor a romper pactos con los criminales.
- Consideran que el costo de intervenir sería muy alto, con riesgo de violencia y muertes.
La decisión de mantener el statu quo
La opción actual es mantener las cosas en los términos actuales, aceptando que en estas regiones, el crimen organizado es el gobierno real y hay que negociar con él. Esto implica reconocer que existen otras fuerzas gobernando al país, cuestionando la soberanía del gobierno federal.
En resumen, la captura de Diego Rivera destapa una red de control criminal que permea la política local y estatal, con autoridades morenistas y gobernadores bajo la sombra de grupos como el CJNG, mientras los gobiernos optan por la no intervención para evitar conflictos mayores.
