La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha lanzado una severa advertencia: la autoridad se ha convertido en el mayor extorsionador del país. En un comunicado, el organismo empresarial señaló que diversas instancias gubernamentales, tanto federales como locales, incurren en prácticas que constituyen extorsión, afectando gravemente a empresas y ciudadanos.
Prácticas denunciadas
Según la Coparmex, las autoridades exigen pagos indebidos, condicionan trámites y servicios, y amenazan con sanciones arbitrarias. Estas acciones generan un clima de incertidumbre y desconfianza que inhibe la inversión y el desarrollo económico.
Impacto en el sector productivo
El sector empresarial es uno de los más afectados. Pequeñas y medianas empresas (PYMES) son especialmente vulnerables a estas prácticas, que incrementan sus costos operativos y ponen en riesgo su viabilidad. La Coparmex insta a las autoridades a erradicar estas conductas y a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Llamado a la acción
La organización hace un llamado a la sociedad civil y a los tres niveles de gobierno para combatir la extorsión desde las propias instituciones. Propone la implementación de sistemas de denuncia anónima y la creación de un observatorio ciudadano que vigile la actuación de los servidores públicos.
Reacciones
Diversos actores políticos y sociales han respaldado la postura de la Coparmex. Legisladores de distintos partidos han anunciado que impulsarán reformas para tipificar claramente la extorsión cometida por autoridades y endurecer las sanciones.
La Coparmex concluye que es urgente recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que la autoridad actúe conforme a derecho, dejando de lado cualquier práctica que pueda ser considerada extorsiva.
