Un nuevo reportaje de investigación ha destapado la figura de Juan Díaz Vega, señalado como el principal operador financiero del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según documentos y testimonios obtenidos, Díaz Vega habría gestionado un esquema de desvío de recursos públicos hacia cuentas personales y empresas fantasma, beneficiando a una red de funcionarios y políticos cercanos al mandatario.
El entramado financiero
Las pesquisas indican que Díaz Vega, quien fungió como tesorero estatal durante la administración de Rocha, utilizó su posición para canalizar fondos de programas sociales y obras públicas a través de contratos simulados. Las transferencias se realizaban a empresas recién creadas, sin historial crediticio ni capacidad operativa, que luego facturaban al gobierno estatal por servicios inexistentes.
Testimonios clave
Exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas han declarado bajo anonimato que Díaz Vega operaba con total impunidad, presionando a subalternos para agilizar pagos y ocultar movimientos irregulares. “Era el hombre de confianza de Rocha para todo lo relacionado con el dinero”, afirmó una fuente. Los desvíos habrían superado los 500 millones de pesos entre 2022 y 2024.
Reacciones oficiales
Hasta el momento, ni el gobernador Rocha ni Díaz Vega han emitido declaraciones públicas. La Fiscalía General del Estado confirmó que abrió una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito y peculado, aunque no se han realizado detenciones. “Se están recabando más pruebas para fincar responsabilidades”, señaló un portavoz.
Antecedentes de Díaz Vega
Antes de ocupar la tesorería, Díaz Vega había trabajado en la Secretaría de Desarrollo Social estatal, donde también fue señalado por presuntas irregularidades. Su cercanía con Rocha data de la campaña electoral de 2021, cuando fungió como coordinador financiero del entonces candidato.
Impacto en la administración estatal
El escándalo ha generado tensiones dentro del gabinete de Rocha. Al menos tres secretarios habrían solicitado una reunión urgente con el gobernador para aclarar su posible involucramiento. Mientras tanto, organizaciones civiles exigen una auditoría forense a las finanzas estatales y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.
Este caso se suma a otras acusaciones de corrupción que han salpicado al gobierno de Morena en Sinaloa, incluyendo el desvío de recursos para la reconstrucción tras el huracán Nora en 2021. La ciudadanía espera que las investigaciones avancen y se castigue a los responsables, en un estado donde la impunidad ha sido la constante.
