Empresas mexicanas evaden acción penal con acuerdo ilegal en caso CLAP
Ninguna de las siete empresas mexicanas y personas físicas que despacharon despensas para los Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) al gobierno venezolano de Nicolás Maduro enfrentó acción penal ni bloqueo de cuentas bancarias, a pesar de haber establecido un acuerdo reparatorio ilegal con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2018.
Multas mínimas y desvío de fondos
Estas personas físicas y morales, denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, simplemente recibieron multas de entre 750 y 110 mil dólares. Los fondos, en lugar de depositarse en la Tesorería de la Federación (Tesofe) como establece la ley, fueron canalizados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó a Excélsior que "se extinguió la acción penal de estas 14 personas físicas y morales, aunque sólo siete participaron en el acuerdo reparatorio".
Empresas y personas involucradas
Las empresas y personas que firmaron estos acuerdos incluyen:
- José Ramón Aquique, director ejecutivo comercial de K.
- Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero Es Servicio, SA de CV
- Aristóteles Vaca Pérez, representante legal de Almacenes Vaca SA de CV y Rice&Beans Co. SA de CV
- Jaime García García, vinculado a Bonobox y Jaifar Comercial, SA de CV
- El Khoury Karam Raphael Jihad
- Almacenes Vaca SA de CV
Irregularidades en las investigaciones
El 19 de junio de 2018, la UIF interpuso la denuncia DEN-UIF-40-2018 ante la PGR, señalando a 14 sujetos incluyendo Group Grand Limited, SA de CV, empresa vinculada a Álvaro Pulido y Alex Saab, este último acusado por Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro y recientemente detenido en Cabo Verde.
Rodolfo Martínez, socio de la Firma Jurídica Trusan & Roma, Abogados, señaló: "El haber permitido que el dinero se fuera a la Acnur y no a la Tesofe acredita una serie de responsabilidades administrativas de servidores públicos".
Cuatro acuerdos reparatorios cuestionables
El primer acuerdo se firmó el 12 de octubre de 2018, comprometiendo a cuatro personas físicas a entregar 1,300 contenedores marítimos con aproximadamente dos millones de despensas, cesar negocios con Venezuela y pagar tres millones de dólares a Acnur.
El segundo acuerdo, del 16 de octubre de 2018, impuso al grupo K. una multa de solo 120 mil dólares, también destinada a Acnur. Este grupo incluía P.S., responsable de la leche en polvo Kosland con pobrísimos valores nutricionales.
El tercer acuerdo, del 26 de octubre de 2018, obligó a Almacenes Vaca a pagar 14 millones 107 mil 200 pesos a Acnur. Esta empresa, propiedad de Aristóteles Vaca Pérez, también controlaba Rice & Beans, otra proveedora clave de CLAP.
El cuarto y último acuerdo, del 21 de noviembre de 2018, comprometió a Jaime García García a pagar 110 mil dólares a Acnur por su vinculación con Bonobox y Jaifar Comercial.
Operaciones fraudulentas y sobreprecios
El 18 de octubre de 2018, la PGR, a través de Israel Lira de la SEIDO, denunció que las exportaciones a Venezuela utilizaban un "esquema fraudulento" con "operaciones inusuales", productos de "baja calidad" y "sobreprecios".
Empresarios de El Sardinero afirmaron haber cumplido el acuerdo al pie de la letra, pagando su parte de la donación, deteniendo negocios con Venezuela y entregando más de dos millones de despensas a autoridades de la Cancillería mexicana de la administración pasada.
Curiosamente, quien decomisó las despensas no fue la PGR (con quien se firmó el acuerdo) sino la Secretaría de Relaciones Exteriores, situación que los empresarios encontraron extraña pero no cuestionaron.
Vínculos internacionales y contratos millonarios
El Sardinero Es Servicio, S.A. de C.V. emitió facturas fiscales a Group Grand Limited por 238 millones de dólares según la investigación de la UIF. Empresarios mexicanos se reunieron con Álvaro Pulido en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para acordar términos del negocio.
En abril de 2018, Group Grand Limited ordenó a Corpovex (la estatal venezolana) ceder derechos financieros del contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017 por casi 426 millones de dólares a la empresa turca Mulberry Proje Yatirim.
Grupo Brandon, con presencia casi fantasmal en Nuevo León, casi monopolizó envíos de leche en polvo de pésima calidad nutricional. En los primeros seis meses de 2018, exportó casi 30,000 toneladas de leche en polvo a Venezuela.
Consecuencias y denuncias posteriores
En 2019, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública por este acuerdo reparatorio ilegal. La investigación reveló irregularidades por 156 millones de dólares, pero las sanciones impuestas fueron mínimas en comparación.
Los proveedores mexicanos argumentaron que los empresarios venezolanos y colombianos eligieron México por ser uno de los mercados más grandes de alimentos en América Latina y contar con infraestructura adecuada para los envíos.
