Vinculan a proceso a exdirectora del INVI de BCS por presunto desfalco de recursos públicos
La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur confirmó oficialmente la vinculación a proceso de Fernanda "N" Villarreal, quien fungió como directora del Instituto de Vivienda (INVI) en la entidad, por su presunta participación en un complejo esquema de desfalco de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Resolución judicial marca inicio formal de caso
La decisión, tomada por un juez de control durante la segunda parte de la audiencia inicial celebrada este 24 de marzo, establece el inicio formal de una etapa crucial en un caso que combina corrupción administrativa, presunto financiamiento político irregular y una red de exfuncionarios actualmente bajo investigación exhaustiva.
La resolución judicial no se limitó a Villarreal. También fueron vinculados a proceso otros dos exfuncionarios del INVI, señalados por su presunta participación en el manejo irregular de recursos durante los primeros años del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío en Baja California Sur.
Esquema de desvío de fondos públicos
Según la Fiscalía Anticorrupción, existen elementos suficientes para presumir que los implicados operaron un sofisticado esquema de desvío de fondos públicos, cuyas rutas financieras y mecanismos de ejecución aún se encuentran bajo análisis minucioso por parte de las autoridades investigadoras.
Este caso no es aislado en el contexto institucional. En 2024, el exjefe de contabilidad del Instituto, Javier Ramírez, fue vinculado a proceso por un desfalco de 55 millones de pesos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura interna que habría facilitado sistemáticamente estas operaciones ilícitas durante períodos prolongados.
Montos acreditados y líneas de investigación
Uno de los aspectos más sensibles del expediente radica en la diferencia entre lo que se investiga actualmente y lo que, hasta este momento, ha sido judicialmente acreditado:
- La cantidad directamente imputada a Fernanda Villarreal asciende a 762 mil pesos por uso indebido de recursos durante su gestión al frente del INVI.
- En el caso de Juan Manuel Reyes, exdirector de Finanzas del instituto, se acreditó judicialmente un desvío de 382 mil pesos.
- Mientras que Jonathan "N", señalado como particular involucrado en el esquema, enfrenta cargos por aproximadamente un millón de pesos en operaciones irregulares.
Sin embargo, el expediente contiene declaraciones testimoniales que amplían considerablemente el alcance potencial del caso. Diversos testimonios apuntan a que Villarreal habría canalizado al menos 13 millones de pesos hacia actividades políticas vinculadas específicamente a la campaña interna de Adán Augusto López Hernández entre los años 2022 y 2023. Estas líneas de investigación continúan abiertas y activas, aunque no han sido plenamente judicializadas en la etapa actual del proceso.
Medidas cautelares y proceso en libertad
A pesar de la gravedad sustancial de los señalamientos, los tres imputados enfrentarán el proceso judicial en libertad. El juez impuso medidas cautelares específicas con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales:
- Firma periódica mensual ante la autoridad judicial correspondiente.
- Prohibición expresa de salir del país sin autorización judicial previa y debidamente justificada.
- Restricción absoluta de acercarse a las instalaciones físicas del INVI o de establecer cualquier tipo de contacto con víctimas, testigos y demás personas relacionadas con el caso.
Estas disposiciones configuran un escenario procesal en el que el caso judicial avanzará sin prisión preventiva, una decisión que ha generado cuestionamientos significativos en diversos sectores de la opinión pública y entre organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la transparencia.
Dimensión política del caso
El caso adquiere una dimensión adicional considerable por el contexto político involucrado. Fernanda Villarreal no solo encabezó el INVI de Baja California Sur, sino que también participó activamente como operadora política en la campaña interna de Morena, lo que abre interrogantes fundamentales sobre el posible uso de recursos públicos con fines electorales específicos.
Aunque la Fiscalía ha mantenido una postura cautelosa y ha delimitado, por el momento, los montos judicialmente acreditados, la narrativa procesal podría ampliarse sustancialmente conforme avance la integración técnica de la carpeta de investigación y se incorporen nuevas evidencias documentales y testimoniales.
