El Caso García Luna: Un Espejo de la Inacción Gubernamental
La condena de Genaro García Luna a 38 años de prisión en Estados Unidos en 2024, por recibir millones de dólares del narcotráfico, dejó una pregunta crucial sin respuesta en México: ¿por qué las autoridades mexicanas no han profundizado en las investigaciones sobre su presunta colusión con el crimen organizado? Este vacío investigativo no es un hecho aislado, sino que refleja un patrón preocupante que se repite en la actual administración de la 4T.
Denuncias Ignoradas en el Sexenio de Calderón
Dos altos funcionarios alertaron al entonces presidente Felipe Calderón sobre las actividades ilícitas de García Luna, su secretario de Seguridad. En primer lugar, el subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, envió una carta denunciando la colusión de García Luna con el crimen organizado. Calderón desestimó la advertencia, argumentando en 2020 que "había muchas versiones, muchos chismes si quieres, mucho conflicto entre dependencias, pero lo que siempre hice fue exigir pruebas".
Posteriormente, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, detectó que García Luna y su equipo estaban vinculados con cárteles como los Beltrán y el de Sinaloa. Medina Mora informó a Calderón e incluso presentó una carpeta informativa, lo que generó un enfrentamiento público entre el secretario de Seguridad y el procurador, conocido por todos en el círculo gubernamental.
El Peso de los Testimonios en el Juicio Estadounidense
La sentencia contra García Luna en Estados Unidos se basó exclusivamente en testimonios verbales de narcotraficantes, sin presentar documentos, transferencias bancarias, fotos o videos como evidencia física. Testigos de primera mano y alto perfil, como líderes de organizaciones criminales, incriminaron a García Luna de manera consistente, lo que fue suficiente para la condena.
Paralelos con la 4T: Acusaciones y Silencio
Hoy, este escenario se replica con figuras clave de la 4T. Julio Scherer, quien fue el segundo hombre más poderoso al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha acusado públicamente a:
- Jesús Ramírez, vocero de AMLO y coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum, de vínculos con el narco y de introducir dinero del huachicol a Morena.
- Mario Delgado, secretario de Educación Pública y exdirigente nacional de Morena, de implicaciones similares.
Ramírez ha respondido acusando a Scherer de extorsión y corrupción, mientras Scherer también señala a López Obrador de encubrimiento. Además, líderes criminales como Jesús "El Rey" Zambada y Celso Ortega "El Ardillo" han declarado en foros públicos, incluido el juicio de García Luna en Nueva York, haber financiado campañas de López Obrador y Morena.
A nivel local, el caso de Adán Augusto, quien nombró a Hernán Bermúdez de La Barredora, un presunto capo, como secretario de Seguridad, supera en gravedad al de Calderón y García Luna, según analistas.
La Respuesta de Sheinbaum: Exigir Pruebas sin Investigar
Frente a estas acusaciones respaldadas por testimonios de primera mano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura similar a la de Calderón: exigir pruebas concretas sin abrir investigaciones formales. Esta inacción plantea serias dudas sobre la voluntad política para combatir la corrupción y el narcotráfico en México, perpetuando un ciclo de impunidad que data de administraciones anteriores.
El paralelismo entre el caso García Luna y las actuales acusaciones contra la 4T subraya la urgencia de una fiscalía independiente y eficaz que trascienda los intereses partidistas, asegurando que las denuncias sean investigadas a fondo, independientemente de la filiación política de los implicados.
