INE y narcofinanciamiento: Un desafío histórico en la fiscalización electoral
Ni siquiera durante la época dorada del Instituto Nacional Electoral (INE), anteriormente conocido como IFE, desde 1997 hasta 2023, se logró una fiscalización efectiva del gasto de los partidos políticos que pudiera bloquear la infiltración de dinero proveniente del narcotráfico en estos institutos políticos y sus candidatos. Este período, marcado por el inicio de la estrategia de captura del órgano electoral por parte del oficialismo de la Cuarta Transformación, evidencia las limitaciones persistentes en el combate al financiamiento ilícito.
Presiones internacionales y la necesidad de una reforma robusta
Ante las crecientes presiones del Gobierno de los Estados Unidos para intensificar el combate contra los cárteles de la delincuencia organizada, y considerando las voces tanto de ese país como de México que señalan que desmantelar estas mafias requiere primero detener a los miembros de la clase política y gubernamental que les brindan protección, resulta crucial analizar las propuestas de la próxima reforma electoral. La Presidenta Claudia Sheinbaum planteará en los próximos días iniciativas en materia de fiscalización a los partidos políticos, lo que genera expectativas sobre posibles avances.
Históricamente, los llamados topes de campaña han funcionado como una gran simulación, ya que los partidos políticos y sus aspirantes a cargos de elección popular frecuentemente los ignoran. Además, las autoridades electorales han demostrado ser insuficientes en la revisión del gasto durante las campañas, permitiendo que estas violaciones a la ley electoral se repitan en cada proceso y queden impunes.
Estudios que revelan la magnitud del problema
Estas prácticas quedaron expuestas en el libro “Dinero bajo la mesa. El financiamiento ilegal de las campañas”, publicado por Luis Carlos Ugalde, ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), y María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tras el proceso electoral de 2018. Según este estudio, por cada peso que los partidos políticos reportan a las autoridades electorales como gasto de campaña, existen otros quince pesos que no se declaran.
Es evidente que una parte significativa de este financiamiento oculto proviene de grupos de la delincuencia organizada, los cuales se han convertido en un factor decisivo en la postulación de candidatos y en la conformación de gobiernos. Esto permite que trabajen en favor de sus intereses, en detrimento de la población general.
Casos emblemáticos y la urgencia de acciones contundentes
Los casos de los narcogobiernos, como los de los alcaldes de Teuchitlán y Tequila, quienes fueron acusados y detenidos, ilustran claramente este fenómeno de colusión que también se extiende a áreas del Gobierno federal y los gobiernos estatales. Estos ejemplos subrayan cómo la corrupción política facilita el lavado de dinero y somete a las instituciones, representando hoy una de las mayores amenazas a la soberanía nacional.
Por lo tanto, urge que la próxima reforma electoral otorgue mayores facultades a las autoridades electorales, tanto nacionales como locales, para que puedan afinar sus esquemas de fiscalización. Es fundamental que se establezcan sanciones rigurosas que sirvan como precedentes y disuadan estas malas prácticas, cerrando los circuitos de corrupción que permiten la infiltración de las mafias en el sistema político.
