Inhabilitación de juez federal marca precedente contra la corrupción judicial
La Ciudad de México fue escenario de un fallo histórico cuando el Tribunal de Disciplina Judicial determinó la inhabilitación del juez federal Juan Fernando Alvarado López, tras confirmarse que favoreció ilegalmente al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien enfrenta graves acusaciones por delincuencia organizada.
Celebración morenista y denuncia de protección política
Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados y representante de Morena ante el INE, celebró públicamente que "se haya hecho justicia". El legislador reveló que, en abril de 2024, presentó una demanda formal contra el juez Alvarado López ante el entonces Consejo de la Judicatura, argumentando un claro intento de proteger políticamente a Cabeza de Vaca.
"Cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral ya le había negado la candidatura a diputado federal plurinominal a Cabeza de Vaca, el juez Alvarado López intentó favorecerlo otorgándole una suspensión para que se le restituyera esa aspiración", explicó Gutiérrez Luna con contundencia.
Fallas graves e injustificables en la impartición de justicia
El Tribunal de Disciplina determinó que las acciones del juez no fueron simples errores administrativos, sino "fallas muy graves e injustificables" que sobrepasaron los límites aceptables en el ejercicio judicial. Entre las irregularidades documentadas se encuentran:
- Dictar resoluciones en juicios de amparo que claramente se apartaban de lo establecido por la ley
- Ignorar reglas expresas y actuar sin la objetividad e imparcialidad requeridas
- Proteger a Cabeza de Vaca frente a órdenes de aprehensión por delincuencia organizada
- Otorgar suspensiones para garantizar supuestos derechos político-electorales del exgobernador
Red de protección y búsqueda de fuero parlamentario
Gutiérrez Luna detalló que el objetivo del juez Alvarado López era claro: facilitar que Cabeza de Vaca obtuviera la candidatura plurinominal por el PAN para así conseguir fuero parlamentario y continuar evadiendo la justicia. "Este juzgador fue cómplice de Cabeza de Vaca, y había razones de sobra para suspenderlo y terminar con la red de protección que permitió la impunidad del exgobernador", sostuvo el diputado morenista.
El legislador contrastó la actuación del nuevo Tribunal de Disciplina con la del anterior Consejo de la Judicatura encabezado por Norma Piña: "El anterior Consejo no se atrevió a sancionarlo. Hoy, el nuevo Tribunal de Disciplina demuestra que sí hay voluntad para actuar con firmeza frente a la corrupción".
Consecuencias severas y amplio alcance de la sanción
La inhabilitación impuesta al juez Alvarado López tiene consecuencias de largo alcance:
- Queda inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público
- Se le prohíbe participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas
- El Tribunal también analizó la suspensión que concedió para proteger al entonces Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, afín a Cabeza de Vaca
Fortalecimiento de la rendición de cuentas judicial
Para Gutiérrez Luna, esta resolución representa "un paso importante en el fortalecimiento de la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial". El diputado reconoció expresamente el trabajo del nuevo Tribunal de Disciplina por actuar con responsabilidad y estricto apego a la ley, y confió en que este órgano continuará desempeñando su labor con la firmeza y profesionalismo necesarios para garantizar la integridad en la impartición de justicia.
Paralelo: Destitución de servidor público por 20 años
En un caso relacionado, la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo del Órgano de Administración Judicial, presidida por José Alberto Gallegos Ramírez, resolvió en su quinta sesión ordinaria del 6 de febrero siete procedimientos de responsabilidad administrativa. En uno de ellos, determinó por unanimidad la destitución e inhabilitación por veinte años de un servidor público, tras un análisis exhaustivo que respetó estrictamente los derechos humanos y la normatividad aplicable.
Estos casos marcan un precedente significativo en la lucha contra la corrupción dentro del sistema judicial mexicano, demostrando que existen mecanismos efectivos para sancionar a quienes desvían su función pública para proteger intereses particulares o políticos.
