La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, enfrenta una investigación por su presunta participación en un operativo que involucró a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. De acuerdo con documentos filtrados y declaraciones de exfuncionarios, la mandataria habría mantenido reuniones secretas con oficiales de inteligencia estadounidenses en el año 2022, sin reportar dichos encuentros a las autoridades mexicanas.
Detalles de la investigación
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició una carpeta de investigación tras recibir una denuncia anónima que señalaba a Campos de haber autorizado y participado en operativos conjuntos no oficiales con agentes de la CIA. Según la denuncia, estos operativos habrían tenido como objetivo presuntos objetivos de seguridad nacional, pero sin el conocimiento del gobierno federal mexicano.
Testigos protegidos han declarado que Maru Campos se reunió en al menos tres ocasiones con agentes de la CIA en la ciudad de Chihuahua y en la frontera con Estados Unidos. En dichas reuniones, se habrían discutido estrategias de seguridad y se habrían entregado pagos en efectivo no contabilizados.
Reacciones políticas
El escándalo ha provocado fuertes reacciones en el ámbito político. El partido Morena exigió una investigación a fondo y pidió la comparecencia de la gobernadora ante el Congreso estatal. Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece Campos, ha defendido su inocencia, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.
La gobernadora, a través de un comunicado, negó cualquier vínculo ilegal con la CIA y señaló que su gobierno ha mantenido relaciones de cooperación internacional en materia de seguridad, siempre dentro del marco legal. "No tengo nada que ocultar y estoy dispuesta a colaborar con las autoridades para aclarar cualquier duda", afirmó.
Implicaciones legales
De comprobarse los señalamientos, Maru Campos podría enfrentar cargos por violación a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe a funcionarios públicos realizar actividades de inteligencia sin autorización del gobierno federal. Además, podría ser acusada de traición a la patria si se demuestra que entregó información clasificada a agentes extranjeros.
Especialistas en derecho constitucional han señalado que el caso es complejo, ya que implica la soberanía nacional y la relación bilateral con Estados Unidos. "Si se confirma que la gobernadora actuó al margen de la ley, sería un precedente grave para la política exterior mexicana", comentó el abogado penalista Ricardo Sánchez.
La investigación continúa y se espera que en los próximos días se citen a declarar a más funcionarios del gobierno estatal que pudieran tener conocimiento de los hechos. Mientras tanto, la oposición ha anunciado que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para que el caso sea atraído por instancias federales.
