Gobernador de Jalisco busca destrabar recursos municipales de Tequila tras congelamiento por FGR
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que gestionará ante la Fiscalía General de la República (FGR) el descongelamiento de las cuentas municipales del Ayuntamiento de Tequila. Esta medida busca garantizar el pago de nóminas y servicios básicos, tras la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, que llevó a la autoridad federal a congelar los recursos como parte de una investigación.
Compromiso para asegurar obligaciones municipales
En declaraciones recientes, Lemus enfatizó la urgencia de liberar los fondos para evitar afectaciones a los trabajadores y servicios esenciales. "Hay que destrabar las cuentas y garantizar que todos los trabajadores del Ayuntamiento puedan recibir sus recursos", señaló el mandatario estatal. Agregó que, debido a la falta de tiempo para abrir nuevas cuentas, es crucial solicitar el apoyo de la FGR para reactivar las actuales y permitir el pago de nóminas, luz y otros servicios.
Apoyo de la presidenta municipal interina y alternativas estatales
La solicitud fue impulsada por la presidenta municipal interina, Marisol Rodríguez, quien reconoció la necesidad de intervención. Lemus no descartó que, en caso de no obtener una respuesta positiva de la FGR, el Gobierno del Estado otorgue adelantos de participaciones municipales para cubrir las obligaciones. Cabe recordar que en diciembre pasado, Rivera Navarro ya había solicitado alrededor de 20 millones de pesos de forma anticipada para sueldos, evidenciando la precaria situación financiera.
Llamado a la unidad y revitalización de Tequila
Más allá de lo financiero, Lemus hizo un llamado a la unión para revitalizar Tequila, destacando la voluntad de trabajo de Rodríguez y los regidores. "Aquí no debe de haber colores, no debe de haber partidos. Aquí hay que poner al centro a Tequila y a su gente", afirmó, subrayando la importancia de priorizar el bienestar municipal sobre intereses políticos.
Este caso resalta los desafíos que enfrentan los municipios ante intervenciones judiciales y la necesidad de coordinación entre autoridades estatales y federales para mantener la operatividad de servicios públicos esenciales.
