Iniciativa de Sheinbaum busca poner freno a jubilaciones millonarias de exfuncionarios
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo fundamental de establecer un límite claro y definitivo a las exorbitantes jubilaciones que perciben los exfuncionarios de confianza. Esta propuesta surge en un contexto de creciente demanda social por transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos.
Hallazgos críticos expuestos por la Secretaría Anticorrupción
En respuesta a esta iniciativa, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha dado a conocer los denominados "hallazgos críticos" que sustentan la urgencia de la reforma. Entre estos hallazgos, se destaca el descubrimiento de pensiones que alcanzan cifras astronómicas, con casos documentados de hasta un poco más de un millón de pesos al mes para algunos exfuncionarios.
Estos datos revelan una práctica que ha generado amplio malestar en la sociedad mexicana, al considerar que tales montos contrastan fuertemente con las pensiones promedio de los trabajadores del sector público y privado. La exposición de Buenrostro subraya la necesidad de una regulación más estricta para evitar abusos y garantizar que los fondos públicos se destinen a prioridades nacionales.
Detalles de la reforma constitucional propuesta
La reforma impulsada por Sheinbaum incluye medidas específicas para:
- Establecer topes máximos a las pensiones de exfuncionarios, alineados con los salarios públicos vigentes.
- Implementar mecanismos de auditoría y transparencia en el cálculo y pago de estas jubilaciones.
- Promover la rendición de cuentas para evitar conflictos de interés y enriquecimiento ilícito.
Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal por fortalecer la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción, buscando restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Expertos en derecho constitucional y finanzas públicas han señalado que, de aprobarse, esta reforma podría sentar un precedente importante en la región para el manejo responsable de las pensiones de altos cargos.
El debate parlamentario se espera intenso, dado que involucra intereses de diversos sectores políticos. Sin embargo, la presión social y los hallazgos presentados por Buenrostro podrían acelerar su discusión en el Congreso de la Unión en los próximos meses.
