El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, ha presentado una iniciativa legislativa que busca modificar el proceso actual de congelamiento de cuentas bancarias. La propuesta del diputado priista establece que únicamente un juez podrá autorizar dicha medida, con el objetivo de evitar abusos por parte del Gobierno.
Contexto de la iniciativa
La propuesta surge luego de que el Gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), implementara la facultad de congelar activos ante sospechas de ilícitos sin necesidad de una orden judicial. Moreira Valdez considera que esta práctica vulnera los derechos de los ciudadanos y atenta contra la presunción de inocencia.
Declaraciones del legislador
“Hoy en México existe una preocupación real: el gobierno puede congelar el dinero de cualquier persona con base en sospechas poco claras y sin un proceso judicial previo. Esto pone en riesgo algo básico, el que cada quien tenga acceso a su propio dinero”, alertó el legislador.
Moreira explicó que su propuesta busca poner orden y evitar abusos, pues actualmente se puede bloquear una cuenta sin autorización judicial. “No hay reglas claras sobre qué se considera un indicio suficiente o una sospecha; la misma autoridad decide, ejecuta y sanciona; y cualquier persona puede quedar sin acceso a su dinero de un día para otro”, afirmó.
Detalles de la reforma propuesta
La iniciativa del jefe de la bancada priista en San Lázaro plantea las siguientes modificaciones:
- Que sea un juez quien determine si se debe o no congelar las cuentas bancarias.
- Establecer de forma clara qué pruebas se necesitan para tomar esa decisión.
- Exigir al menos dos elementos objetivos y comprobables para justificar el congelamiento.
- Garantizar que la persona pueda defenderse ante las acusaciones.
- Evitar decisiones arbitrarias basadas en suposiciones.
Postura del PRI
Moreira Valdez aclaró que no se trata de frenar el combate al crimen, sino de que éste se realice con reglas claras y sin abusos contra personas inocentes. De lo contrario, advirtió, se violan principios constitucionales. La iniciativa busca dar garantías al ciudadano frente al poder del Estado.
La propuesta del PRI será discutida en la Cámara de Diputados, donde se espera un debate sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
