La protección a funcionarios en México es dispar y carece de análisis de riesgo, advierten expertos
La asignación de escoltas y medidas de seguridad para funcionarios en México, en los niveles federal, estatal y municipal, se caracteriza por criterios diversos y sin un análisis de riesgo adecuado, a pesar de la existencia de normas legales. Esta situación resulta en una protección discrecional que refleja el centralismo de la seguridad pública en el país.
Discrecionalidad en la protección
Javier Oliva Posada y Raúl Benítez Manaut, especialistas en seguridad, han señalado que, en el contexto actual de violencia en México, esta falta de uniformidad pone en mayor riesgo no solo a los funcionarios, sino también a la gobernabilidad nacional. Funcionarios como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, o Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, reciben protección automática y justificada.
Sin embargo, otros servidores públicos, como la presidenta Claudia Sheinbaum, que cuenta con una ayudantía civil similar a la de su predecesor, o Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, podrían requerir niveles de protección iguales o superiores. A nivel municipal, la discrecionalidad es aún más evidente, ya que muchos alcaldes en zonas de alto riesgo, como la Sierra de Zongolica en Veracruz, carecen de medidas adecuadas.
Impacto de la desaparición del Estado Mayor Presidencial
Oliva Posada destacó que los sistemas de seguridad en México comenzaron a diluirse tras la desaparición del Estado Mayor Presidencial, lo que aumentó los riesgos para ciertas personalidades. "La política actual muestra una clarísima inexperiencia e improvisación", afirmó, subrayando que esto pone en peligro a gobernantes y afecta la dinámica nacional.
Benítez Manaut añadió que la eliminación de este cuerpo centralizado provocó un desorden en los esquemas de protección, dificultando la definición clara de niveles de seguridad. Recordó que, anteriormente, el sistema estaba codificado y permitía distinguir quién necesitaba más protección, incluyendo visitas internacionales.
Falta de homologación y criterios uniformes
Los expertos coinciden en que, aunque existen leyes, la asignación de escoltas, vehículos blindados y personal de protección sigue siendo desigual entre niveles de gobierno y regiones. Benítez Manaut señaló que, a nivel estatal, los gobernadores suelen tener amplios esquemas de seguridad, pero el incremento de la violencia ha vuelto vulnerables a más funcionarios, obligando a medidas reactivas.
Esta fragmentación, donde el Poder Judicial, la FGR o el Centro Nacional de Inteligencia operan con reglas propias, impide establecer normas homogéneas. Ante la magnitud del problema, concluyó que es sumamente difícil proporcionar seguridad de manera uniforme en todo el territorio nacional.
Debate renovado tras incidentes recientes
El tema ha vuelto a la agenda nacional tras eventos como el ataque a diputados en Sinaloa, la polémica por las camionetas blindadas para ministros de la Corte, y el acoso a la presidenta Sheinbaum en noviembre de 2025. A pesar de los esfuerzos, como la convocatoria de reclutamiento del Servicio de Protección Federal, los criterios para asignar agentes o vehículos siguen siendo opacos.
En resumen, la protección a funcionarios en México requiere una norma más eficaz y un protocolo serio que priorice el análisis de riesgo, en beneficio de la estabilidad y gobernabilidad del país.
