El Partido del Trabajo (PT) en el Senado busca frenar la medida que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin orden judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara esta facultad a principios de abril. La bancada liderada por Alberto Anaya impulsa una iniciativa para incorporar la autorización judicial previa al proceso de inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.
Protección de derechos fundamentales
La iniciativa del PT no pretende eliminar la capacidad del Estado para prevenir delitos financieros, sino garantizar que el bloqueo de cuentas no viole derechos como la audiencia previa y la presunción de inocencia. Se busca fortalecer la legitimidad de la medida mediante un control judicial previo.
Argumentos del senador Alberto Anaya
El senador Alberto Anaya destacó que el control judicial previo no es ajeno al sistema jurídico mexicano, ya que se aplica en intervenciones de comunicaciones, órdenes de cateo y aprehensión. Señaló que el bloqueo de cuentas, por sus efectos, no es una simple molestia administrativa, sino una paralización total de la vida económica de la persona afectada.
“Equiparar esta medida con un acto administrativo ordinario es desconocer su verdadero alcance. La incorporación de una autorización judicial previa introduce la imparcialidad”, aseveró Anaya.
Detalles de la iniciativa
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado. Delimita los supuestos para incluir a alguien en la lista de personas bloqueadas, vinculando la medida a una orden judicial que establezca relación con delitos como financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo es una obligación del Estado mexicano, pero no puede cumplirse a costa de debilitar los principios del orden constitucional y legal”, enfatizó Anaya.
Impacto en la confianza institucional
El senador afirmó que la propuesta mejoraría la confianza en las instituciones, ya que el sistema actual, que permite la afectación inmediata del patrimonio sin intervención judicial, genera percepciones de arbitrariedad. “Un sistema con controles previos fortalece la legitimidad de la acción estatal, reduce el riesgo de abusos y genera confianza en las inversiones extranjeras”, concluyó.
