Especialistas en derecho y políticos señalaron que la propuesta de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para aplazar la elección de integrantes del Poder Judicial es una medida cosmética que no resuelve los problemas estructurales del sistema judicial en México.
Críticas a la propuesta
La iniciativa, presentada como parte de una reforma al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), busca posponer los comicios para renovar cargos judiciales. Sin embargo, expertos consultados por Reforma aseguran que se trata de un ajuste superficial que no ataca la corrupción ni la falta de independencia judicial.
Postura de los especialistas
El abogado constitucionalista Juan Carlos Hernández señaló que la propuesta de Sheinbaum es insuficiente. "No se trata solo de aplazar elecciones, sino de garantizar que los procesos sean transparentes y que los jueces sean verdaderamente independientes", afirmó.
Por su parte, la politóloga María Fernanda Gómez indicó que la medida parece más un intento de control político que una reforma genuina. "El aplazamiento solo retrasa un problema que requiere cambios profundos en la selección y evaluación de jueces", explicó.
Reacciones políticas
Legisladores de oposición también criticaron la propuesta. El diputado del PAN, Luis Torres, calificó la iniciativa como "un parche" y exigió una reforma integral que incluya mecanismos de rendición de cuentas.
En contraste, morenistas defendieron la medida, argumentando que permitirá una mejor organización de los procesos electorales judiciales. "Es una pausa necesaria para garantizar la legitimidad de las elecciones", sostuvo la diputada Ana Lilia Rivera.
Contexto de la reforma
La propuesta de Sheinbaum se da en medio de un debate nacional sobre la independencia del Poder Judicial y las críticas por la influencia del Ejecutivo en nombramientos judiciales. Organizaciones civiles han señalado que la reforma debe incluir la despolitización de los nombramientos y la creación de un sistema de evaluación independiente.
El plazo para la elección de jueces estaba originalmente previsto para 2025, pero con esta reforma se aplazaría hasta 2027. No obstante, los críticos insisten en que el problema no es el calendario, sino la falta de transparencia y meritocracia en los procesos de selección.
