Reino Unido concede asilo político a Karime Macías, frenando extradición a México
Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, ha obtenido asilo político en Reino Unido, una decisión que impide definitivamente su extradición a México para enfrentar cargos por presunto fraude y desvío de recursos públicos. La resolución, emitida por el Ministerio del Interior británico, invalida la autorización de extradición concedida en febrero de 2022 por la Corte de Magistrados de Westminster en Londres, marcando un giro significativo en este caso de alto perfil.
Antecedentes del caso y proceso legal
Las autoridades mexicanas han buscado la extradición de Macías desde 2018, cuando una jueza de Veracruz emitió una orden de aprehensión en su contra por un presunto desvío de 112 millones de pesos a través del DIF estatal durante la administración de Duarte (2010-2016). Las investigaciones se originaron a partir de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que señalaron recursos canalizados a empresas fantasma.
En 2019, Macías fue detenida en Londres con fines de extradición, pero posteriormente obtuvo libertad bajo fianza tras pagar 150 mil libras esterlinas y permaneció bajo medidas cautelares, incluido el uso de un brazalete electrónico. En 2022, el juez británico Paul Goldspring determinó procedente su extradición a México, una resolución confirmada públicamente por el entonces canciller Marcelo Ebrard.
Argumentos y decisión final
No obstante, la defensa de Macías promovió recursos adicionales en tribunales del Reino Unido, argumentando irregularidades en el proceso mexicano. Entre los alegatos presentados se incluyeron la prescripción del delito y supuestas fallas en la comunicación diplomática del caso. Fuentes periodísticas indican que el asilo fue concedido tras considerar elementos como la exposición pública del caso y posibles violaciones al debido proceso.
Con esta nueva determinación, Karime Macías ya no enfrenta restricciones de movilidad en territorio británico, lo que representa un cambio radical en su situación legal. Por su parte, Javier Duarte cumple una condena de nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, y además enfrenta un nuevo proceso por presunto peculado relacionado con el desvío de recursos de un programa social federal.
Este caso subraya las complejidades en los procesos de extradición internacional y los desafíos legales que enfrentan las autoridades mexicanas en la persecución de delitos de corrupción a nivel global.
