Amnistía Internacional arremete contra el SAT por revocar permisos a 113 organizaciones civiles
La organización internacional Amnistía Internacional ha emitido una fuerte crítica contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, tras la revocación de permisos para que 113 organizaciones de la sociedad civil reciban donativos deducibles de impuestos. Según Amnistía, esta medida representa un golpe directo a la capacidad de operar y apoyar a la población vulnerable en el país.
Detalles de la revocación y organizaciones afectadas
El fin de semana se dio a conocer que el SAT determinó que 113 organizaciones no cumplían con los requisitos legales vigentes para mantener su autorización como donatarias, por lo que fueron removidas del padrón correspondiente. Entre las entidades afectadas se encuentran México Evalúa y Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción, reconocidas por documentar actos de corrupción y manipulación de datos en materia de seguridad pública durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
En su cuenta de X, Amnistía Internacional subrayó que esta decisión no es un trámite menor, ya que sus efectos se traducirán en una disminución significativa del apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad. En la práctica, la prohibición implica menos recursos para actividades cruciales como:
- La defensa de derechos humanos
- El apoyo legal a víctimas
- La atención a la violencia de género
- La protección de territorios indígenas
Contexto regional y tendencias preocupantes
Amnistía Internacional advirtió que lo ocurrido en México forma parte de una tendencia alarmante en varios países del continente americano. En su informe reciente titulado "Rompiendo el tejido social", la organización analiza la proliferación de "leyes anti-ONG" en naciones como Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador entre 2024 y 2026.
Estas legislaciones, que suelen argumentar transparencia y seguridad nacional, han impuesto controles desproporcionados, registros arbitrarios y cargas administrativas exorbitantes, con el objetivo de asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil. Amnistía resalta que estas entidades sostienen comunidades al acompañar, documentar abusos y exigir justicia, y que los gobiernos mencionados buscan silenciar voces críticas y debilitar derechos, limitando así a toda la sociedad.
Cargas excesivas y doble estándar en México
En el caso específico de México, Amnistía señaló que las organizaciones ya enfrentan cargas excesivas, como informes duplicados, requisitos reiterados y controles previos sobre el uso de fondos. Esto provoca que dediquen menos tiempo a ayudar y más a lidiar con la burocracia.
La organización, con sede en Londres, Inglaterra, destacó un doble estándar en la política tributaria mexicana: mientras se exige todo a las organizaciones civiles, muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo utilizan los recursos. "Más control a quien vigila, menos a quien gasta", afirmó Amnistía, subrayando la disparidad en el tratamiento.
Llamado a la acción y reflexión final
Amnistía Internacional insistió en que la sociedad civil no es el problema, sino parte de la solución, ya que documenta abusos, acompaña a víctimas, vigila elecciones e impulsa mejores leyes. Debilitar a estas organizaciones equivale a debilitar a toda la sociedad, alertó la entidad.
El debate real, según Amnistía, no se centra en "control vs libertad", sino en si se desea un país donde nadie vigile al poder. Cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen, puntualizó la organización. Lo que urge, afirmó, son reglas claras y justas, transparencia sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social, y un México más seguro y democrático que necesite más sociedad civil, no menos.
